El impuesto mínimo en las grandes multinacionales ya es una realidad en Europa, pero no en España
El gobierno presenta un borrador de la norma que obligará a las corporaciones globales a tributar al menos un 15% de los beneficios
BarcelonaLas grandes multinacionales del planeta ya deben pagar más impuestos, al menos en la Unión Europea: el 1 de enero era la fecha límite marcada por Bruselas para que los 27 estados miembros adaptaran su legislación al acuerdo internacional que sitúa en el 15% el mínimo que deben pagar las corporaciones de alcance global en impuesto de sociedades. Sin embargo, España no ha cumplido el plazo marcado por la UE y todavía no ha modificado la ley, aunque el ministerio de Hacienda ha publicado un primer borrador de la norma.
La convocatoria de elecciones generales, que dejó al ejecutivo en funciones durante unos meses, es la causa principal del retraso. Para paliarlo, el gobierno ha incluido un apartado en la ley que hará que se aplique retroactivamente desde el 1 de enero de este año.
El acuerdo para establecer una armonización fiscal sobre las grandes multinacionales se cerró en 2021 en el marco de unas negociaciones tuteladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la institución que agrupa a las principales economías industrializadas del mundo. Tras varios años de negociaciones, la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos desatascó las conversaciones y acabó estableciéndose que todas las grandes multinacionales deberían tributar al menos un 15% de los beneficios independientemente de los países donde operen. El impuesto afectará sobre todo a grandes tecnológicas –como Google y Amazon–, pero también a gigantes de la restauración –como Starbucks y McDonald's– o de la moda –como Burberry y H&M–, que hasta ahora buscaban vías para reducir al màximo la tributación en los países donde trabajan.
Los países de la UE acordaron que el mínimo del 15% afectara a las multinacionales con facturaciones anuales de 750 millones de euros o superiores. Como las multinacionales operan a menudo con complicados entramados societarios, el ministerio dirigido por la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, prevé que sean las sociedades matrices de los grupos empresariales quienes paguen un 15% de los beneficios en impuesto de sociedades. Por eso, el texto inicial de la norma abre la puerta tanto a aplicar el 15% directamente a las matrices como a tasar también a las empresas filiales a fin de conseguir que el conjunto del conglomerado empresarial llegue a tributar ese mínimo. Si a pesar de ello no se llegara, el borrador prevé la imposición de un tributo adicional.
Ahora bien, actualmente la norma es sólo un esbozo que puede ser modificado por un proceso consultivo, antes de convertirse en proyecto de ley cuando lo apruebe el consejo de ministros. Una vez pasado este trámite, el texto pasará a las Cortes, donde podrá ser enmendado en comisión tanto en el Congreso como en el Senado, antes de recibir el visto bueno definitivo del pleno y, entonces ya sí, entrar en vigor.
La Comisión Europea y la OCDE calculan que la medida tiene el potencial de aumentar en unos 220.000 millones de dólares los ingresos anuales de todos los gobiernos del mundo combinados, lo que puede "ayudar" a muchas administraciones a "financiar inversiones cruciales y servicios públicos de calidad", según el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. En España, la recaudación crecerá unos 2.500 millones de euros, según un informe del Observatorio Fiscal de la UE.
Amplio acuerdo
El acuerdo cuenta con el apoyo de 138 países que suman un 90% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la actividad económica) mundial. Entre los firmantes se encuentran todas las principales economías del planeta, incluyendo EEUU, China, Japón, la UE y el resto de miembros del G-20. India es el país que más reticencias puso y estuvo a punto de quedarse al margen, pero acabó rectificando. En Europa, Irlanda también optó por añadirse en el último momento a pesar de las dudas iniciales del gobierno, puesto que buena parte de su crecimiento económico de las últimas décadas se ha debido a la baja fiscalidad para multinacionales, sobre todo tecnológicas estadounidenses y compañías del sector financiero.
"Esta reforma histórica representa un paso enorme hacia una fiscalidad corporativa más justa", dijo Gentiloni en un comunicado emitido expresamente el día de Año Nuevo, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo marco impositivo en la Unión Europea. Según el comisario, "reduciendo los incentivos para que las empresas desvíen los beneficios a jurisdicciones con bajos impuestos, las nuevas reglas ayudarán a evitar la llamada carrera a la baja en el impuesto de sociedades tanto en la UE como globalmente".
Ésta carrera a la baja (race to the bottom, en inglés) es la que lleva a algunos países o territorios autónomos (como Gibraltar, las islas Caimán o las islas del canal de la Mancha) a recortar las tasas a las empresas para que se instalen. El objetivo del acuerdo liderado por la OCDE, por tanto, es detener las rebajas impositivas y asegurar que las empresas paguen unos tributos mínimos estén donde estén.