Las infiltraciones policiales abren un nuevo debate sobre el consentimiento sexual

BarcelonaEl estreno deldocumentalInfiltradosha puesto en evidencia la existencia de las infiltraciones policiales en movimientos sociales y el impacto en los y las militantes que durante años tuvieron relaciones con estos agentes sin saberlo. Hasta ahora, ningún tribunal ha aceptado investigar cómo agresiones sexuales estas relaciones que denunciaron a ocho activistas representadas por las abogadas Mireia Salazar y Laia Serra. Las resoluciones judiciales hasta ahora consideran que el engaño del agente al ocultar su identidad no invalida el consentimiento de las chicas a la hora de tener relaciones sexuales con ellas, a diferencia de lo que ellas sostienen.

"Aquí se abre un debate nuevo sobre el consentimiento", reflexiona la penalista Olga Arderiu. La también presidenta de la comisión de Mujeres del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) señala que en otras jurisdicciones estos límites "se han explorado más y se ha establecido, por ejemplo, que un contrato está viciado si allí ha intimidación o coacción, y es nulo". En el ámbito penal, Arderiu hace referencia a otro delito que también involucra a la mentira: la estafa, en la que sí está establecido que el engaño debe haberse desarrollado lo suficiente para que pueda haber una condena. "En cambio, el engaño relacionado con el consentimiento y las agresiones sexuales no se ha tratado demasiado", añade Arderiu.

Consentimiento viciado

La abogada Marisa Fernández, expresidenta de la asociación Dones Juristes, señala la dificultad de demostrar un delito de agresión sexual a consecuencia de haber escondido la identidad real. "El Código Penal es muy limitado. Entiendo a las mujeres que dicen que se han sentido violadas por el Estado. Tiene que ser muy doloroso y dar mucha rabia. De todos modos, ha habido un consentimiento viciado, pero consentimiento, en la cabeza y al fin", valora Fernández.

Arderiu también ve claro que en estos casos hubo "un vicio en el consentimiento", porque tal y como han explicado las activistas nunca habrían accedido a tener relaciones sexuales con el agente si hubieran sabido que era policía. "Se plantea la duda de si con un engaño que te hace pensar que es una persona distinta, se puede interpretar que no había consentimiento. Creo que en algún momento determinado sí se puede interpretar así", valora. Sin embargo, Arderiu añade que probablemente no será fácil que algún tribunal lo reconozca porque es un delito que lleva asociadas penas de cárcel.

Las juristas consultadas coinciden en la falta de precedentes en resoluciones judiciales que aborden este nuevo debate sobre el consentimiento. "Estamos evolucionando y debemos ver cómo los tribunales lo interpretarán", dice Arderiu, quien indica que, de entrada, quedará en manos de jurisprudencia y cree que puede ser complicado legislarlo de forma que se tenga en cuenta todos los casos. En este sentido, plantea la complejidad de acotar hasta qué punto un engaño puede anular su consentimiento en casos que vayan más allá de las infiltraciones policiales.

Otras vulneraciones

Tanto Arderiu como Fernández coinciden en que, al margen de si fueron una agresión sexual o no, los casos de infiltraciones policiales sí pueden suponer consecuencias judiciales. "Lo que sí es perseguible es la actuación del Estado que viola derechos fundamentales", dice Fernández, que ve plausible que prospere una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que el Estado haga una reparación económica y también en forma de disculpa por haber vulnerado derechos fundamentales. "El dolor de las víctimas es muy difícil de superar y eso sí requiere una indemnización", añade la abogada.

Arderiu apunta que sí puede haberse dado un delito contra la integridad moral a consecuencia del engaño, además de una vulneración del derecho a la defensa por haber accedido a la estrategia de defensa de algunos activistas, tal y como explica el abogado Benet Salellas en Infiltrados.