La jubilación masiva de los funcionarios, un problema y una oportunidad
Casi la mitad de los funcionarios estatales españoles tenía más de 55 años en el 2021, según un informe de la OCDE. Esto significa que en diez años se jubilarán, lo que afecta no sólo a los funcionarios estatales sino también a los de otras administraciones, según lo extrapola el último informe del Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA). Habrá un agujero enorme que no será fácil de llenar. La experiencia y capacidad de gestión pública de estos trabajadores se perderán, ciertamente, pero al mismo tiempo también se abren oportunidades de mejorar la organización de las plantillas públicas y adaptar los perfiles a las nuevas necesidades del siglo XXI.
Que hay necesidad de funcionarios y que en algunos ámbitos, como la enseñanza y la sanidad, faltan más que sobran es una realidad. Habrá que programar bien el relevo y hacerlo de forma planeada y bien trabajada, de modo que no sea necesario recurrir a procedimientos de urgencia, y algo torpes, como ha ocurrido últimamente en el proceso de estabilización para reducir la temporalidad –impuesto por la UE–. Hay ámbitos, además, en los que se necesitan nuevos perfiles más adaptados, por ejemplo, a los cambios tecnológicos de los últimos tiempos, gente capaz no sólo de emplear estas nuevas herramientas sino también de impulsarlas y adaptarlas a la gestión pública para reducir la lentitud burocrática, que tanto preocupa a las empresas y ciudadanos, y controlar que se haga un buen uso. Esto supone trabajar muy a fondo los perfiles necesarios y también tener claro que el funcionariado y la gestión pública son herramientas fundamentales de la democracia para asegurar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, son interesantes las propuestas que se hacen desde el FERA, un espacio de encuentro de organizaciones de diferentes ámbitos, por la reforma de la administración. Consideran, por ejemplo, que es clave la figura del directivo público, una figura que ahora muchas veces cae en manos de los políticos de turno y que ellos proponen que tenga unas funciones profesionales más claras que permitan diferenciarlo del gestor político, que muchas veces no tiene ni la formación ni las competencias para liderar áreas de gestión pública que afectan directamente al bienestar común con iniciativas que tienen un apoyo colectivo y legal que sobrepasa el sesgo político del gobierno de turno. Los políticos deben definir las políticas y las prioridades, pero son los funcionarios los que deben gestionarlo de manera eficiente, legal y profesional de acuerdo con el bien común. También se recomienda al documento que haya cambios en el sistema de acceso al cuerpo, ahora centrado en unas oposiciones básicamente memorísticas, y también que exista una evaluación periódica de los trabajadores públicos para que quienes lo hacen mejor reciban compensaciones extras.
Empresarios y sindicatos están preocupados también por este gran relevo a la gestión pública y piden a las administraciones que se pongan las pilas para adaptarse a los tiempos que vendrán, de forma que no se produzca un colapso del sistema . Ahora es el momento, a no ser que ya hagamos tarde, de plantear esta reforma a fondo de la gestión pública, que debería mejorar la relación de los ciudadanos y las empresas con la administración y crear mejores condiciones en el trabajo imprescindibles para los trabajadores públicos.