Llarena ya anticipa que presentará batalla contra la amnistía

Barcelona / MadridNuevo pronunciamiento desde el poder judicial en contra de la amnistía. En las críticas de las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma ahora la del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa del 1-O por la que acabaron condenados los presos políticos y que aún permanece abierta para el expresidente Carles Puigdemont y la resto de exiliados. "De la misma forma que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por los mismo comportamiento", ha dicho en una clara alusión a la norma para el olvido judicial del Proceso.

Llarena se expresó en estos términos este martes tras recoger el Premio Libra de Oro que le ha otorgado el Il ·lustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) "por su extraordinaria contribución al mundo de la justicia y al estado de derecho", en un acto celebrado en la capital española con presencia de vocales del CGPJ y otros magistrados del Tribunal Supremo, entre otros representantes del poder judicial. Ante ellos afirmó que "cuando se desactiva la ley para algunos", su aplicación "se convierte en una partitura con acuerdos variables y sólo conduce a respuestas dispares y discriminatorias". Y animó a fiscales y jueces a trabajar con "responsabilidad e independencia".

El juez, que en septiembre ya había puesto en duda la constitucionalidad de la futura amnistía.Puigdemont intentó sin éxito apartarle entonces de la causa—, no sólo contribuye ahora a alimentar la ofensiva de la derecha judicial, política y mediática contra la ley pactada por el PSOE y el independentismo, de la que ahora se conocen los detalles, sino que también anticipa el sentido de su actuación una vez se apruebe. Llegado a este momento, Llarena debería archivar la parte de la causa del 1-O que todavía mantiene en instrucción, la que afecta al expresidente Carles Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig y la secretaria general de ERC , Marta Rovira, todos ellos en el exilio. Sin embargo, su posicionamiento anticipa que previsiblemente no lo hará.

¿Qué podría hacer el magistrado para detener la aplicación de la norma? Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad —sólo se puede realizar una vez cerrada o concluida la fase de instrucción o bien una vez finalizado el juicio oral—, aunque sí podría hacerlo la sala penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena. En principio, tampoco podría mantener las órdenes de ingreso en prisión provisional asociadas a las órdenes de detención de los exiliados si pisan España -el redactado de la ley de amnistía prevé la caída de todas las medidas cautelares para los afectados.

Tendría más margen, por el contrario, para elevar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); es decir, preguntar en Luxemburgo si el olvido judicial del Proceso es contrario al derecho europeo. Esto aplazaría la aplicación de la amnistía y, según fuentes jurídicas, sería Luxemburgo quien debería decir si las órdenes de detención y de ingreso en prisión seguirían vigentes.

Un nuevo ejemplo de la oposición judicial

Sin embargo, todo ello no empezará a concretarse hasta que la norma sea aprobada y entre en vigor, lo que no se prevé hasta mediados del próximo año. Lo que parece claro, en cualquier caso, es que tanto el magistrado del Supremo como gran parte del poder judicial están en contra de la amnistía. Los últimos movimientos en la Audiencia Nacional, que también investiga a Puigdemont y Rovira por un presunto delito de terrorismo, o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya ha fijado fecha para el juicio contra Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y la consejera Natàlia Garriga, apuntan igualmente en esta dirección.

Esa ofensiva judicial, además, se retroalimenta con la de la derecha política. En el acto de este martes, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Martín García-Matos (PP), destacó la importancia de premiar a Llarena “precisamente ahora” y defendió que “es lícito preguntarse se si los acontecimientos que estamos viviendo suponen un ataque a nuestro estado de derecho". Al otro lado del tablero político, en cambio, reacciones como la del exconsejero Josep Rull. "Una sociedad democrática no puede asumir jueces prevaricadores que retuercen el derecho para perseguir unas ideas legítimas, defendidas pacífica y democráticamente", ha escrito en X en respuesta a Llarena.