¿Por qué no se publican las balanzas fiscales?
La no publicación de las balanzas fiscales por parte del Estado es un déficit democrático y de transparencia. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se distribuyen territorialmente los impuestos. El hecho de que desde el 2017 se estén escamoteando estos datos sólo hace que acrecentar las suspicacias de quienes se creen perjudicados. ¿Por qué se esconden, si no? Ante esta ocultación, hasta ahora la Generalitat había decidido asumir el cálculo a partir del sistema de flujo monetario, un cálculo necesariamente aproximativo al no disponer de los datos anuales concretos vía ministerio de Hacienda. Esto ocurrió con el conseller Jaume Giró en septiembre de 2022 (con los datos de 2019) y con la consellera Natàlia Mas Guix en septiembre de 2023, con los datos de las balanzas fiscales de Cataluña para los años 2020 y 2021, que determinaba un nuevo máximo histórico en este último ejercicio: 21.982 millones de euros. En el conjunto de esos tres años, cada catalán pagó al Estado 8.133 euros que no devolvieron.
Parece que el nuevo ejecutivo de Salvador Illa no tiene claro que tenga que hacer lo mismo que su predecesor. De momento, el asunto está en el aire: la Generalitat no ha publicado el cálculo de las balanzas –a estas alturas, ya haríamos dos meses que las conoceríamos–, tampoco parece que los técnicos del gobierno lo estén elaborando y , finalmente, no queda claro si en efecto existe voluntad política de hacerlo y publicarlo. Cuesta entender, tanta ambigüedad. Porque la cuestión es que, en el contexto de la negociación de la financiación singular, base del pacto de investidura entre el PSC y ERC, la existencia y el conocimiento público de estos datos es más relevante que nunca: no va el nuevo modelo justamente debería equilibrar el déficit flagrante que sufre Cataluña, del que, por ahora, sólo se tienen datos hasta el 2021.
Es posible que un tema clave que frene el gobierno Isla sea qué método de cálculo se debe utilizar para fijar los datos, si el de flujo monetario (que atribuye el gasto donde se efectúa) o el de carga-beneficio (que imputa los ingresos con un criterio más amplio). En cualquier caso, difícilmente se puede crear un clima de confianza negociadora entre las partes sin poner sobre la mesa las balanzas fiscales. De hecho, el gobierno independentista republicano criticó reiteradamente que el ejecutivo de Sánchez dejara de dar los datos (y dejara de calcularlos a partir del 2019), crítica que naturalmente comparte Junts. Mantener la opacidad puede tambalear el apoyo de los independentistas en Madrid y Barcelona y poner, por tanto, en entredicho la estabilidad tanto del ejecutivo de Sánchez como del de Isla.
En realidad, los presidentes Sánchez e Illa deberían ser los primeros interesados en dar publicidad a unos números que justifican plenamente un cambio de modelo, unas balanzas fiscales con las que se puede y debería hacerse pedagogía para desmentir los supuestos privilegios de una Cataluña que, en la práctica, y desde hace tiempo, sufre un injustificable maltrato fiscal que perjudica a todos sus ciudadanos y los pone en situación de desigualdad respecto a otros ciudadanos del Estado.