La opacidad del Estado con los fondos europeos
BarcelonaEl Consejo General de Cámaras de Catalunya, que reúne a las 13 cámaras de comercio del país, ha mostrado este lunes su preocupación ante la opacidad que rodea la próxima convocatoria de las ayudas de los fondos Next Generation, el plan de la UE para actualizar la economía europea y sacarla de la crisis provocada por la pandemia. En concreto, las cámaras se quejan de la falta de información y transparencia, y temen que el calendario de los concursos, si se da poco tiempo a las pequeñas y medianas empresas, acabe beneficiando a las grandes empresas que tienen más recursos y ya trabajan habitualmente con los ministerios, con los que tienen vía directa.
"Nos preocupa mucho que con la mecánica de convocatorias exprés se pueda atender solo a determinadas empresas estrechamente vinculadas a los ministerios convocantes", afirman las cámaras. Detrás de esta afirmación hay una inquietud que se extiende a todo el tejido de pymes catalán, y la prueba es que la semana pasada la patronal Pimec lanzó el mismo mensaje. Lo que piden los dos es muy sencillo: se trata de garantizar la igualdad de oportunidades entre las diferentes empresas a la hora de optar a las ayudas, independientemente de su medida, y de asegurar también un mínimo equilibrio territorial. Pero todo esto es imposible si no hay una mínima transparencia en todo el proceso, que hoy por hoy centraliza de forma absoluta la Moncloa, y del que todavía no se han hecho públicos ni el calendario ni los requisitos que se pedirán.
Los pequeños empresarios tienen miedo de que la mayor parte de las ayudas vaya a parar a las grandes empresas del Ibex, que tienen mucha más capacidad para adaptarse a las exigencias que se acaben imponiendo y además tienen vía directa con los ministerios. Por eso, para evitar todo tipo de suspicacias, lo que sería ideal es que se creara una oficina independiente del gobierno español, con expertos reputados, que se guiaran únicamente por los criterios que pide la Unión Europea, es decir, por que sean proyectos destinados a la economía verde y a la digitalización.
El gobierno español ya ha ido avanzando cuáles serán sus prioridades, y ha señalado dos en concreto: el coche eléctrico y la rehabilitación de edificios para conseguir que sean energéticamente sostenibles. Pero más allá de estos grandes anuncios, con grandes cifras y titulares, todavía se desconoce la letra pequeña del sistema de adjudicación. Por eso es necesario que se arbitre un mecanismo que permita a todas las empresas presentar sus proyectos y ser evaluados según criterios objetivos.
Pero más allá de las prioridades más evidentes, como la movilidad o la vivienda, habría que reservar una porción importante de estos fondos también para reforzar ámbitos como la investigación y la innovación, que serán lo que producirá más valor añadido a la larga. Como ya hemos dicho muchas veces, estos fondos representan una oportunidad histórica, y la Generalitat tiene que aprovechar su influencia en Madrid para asegurar que el dinero se destinan a los mejores proyectos y a lograr los objetivos marcados por la UE, y no otros.