Proceso

Pruebas falsas, confidentes y sobres en blanco: así puso a Rajoy la cúpula policial al servicio de sus maniobras contra el independentismo

Nuevos documentos muestran que el gobierno español utilizaba la policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas

ARA
y ARA

El gobierno de Mariano Rajoy utilizó la cúpula de la policía española para investigar al margen de la ley a partidos independentistas e intentar acabar así con el Proceso. Lo hizo durante cinco años, desde la Diada masiva de 2012 y hasta 2016: con recursos públicos, humanos y materiales, e incluso con dinero de fondo reservado para pagar confidentes a cambio de informaciones muchas veces contaminadas o directamente falsas . Todo este material terminaba en las portadas de periódicos madrileños, especialmente cuando se acercaban campañas electorales. Todo ello con el objetivo de manipular a la opinión pública. Así se desprende de la investigación que publican este lunes La Vanguardia y Eldiario.es y que aporta nuevos documentos –a los que el ARA también ha tenido acceso– y testigos inéditos que revelan la forma de actuar de un gobierno que utilizó recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP.

Sobres en blanco

La investigación detalla que estos escritos eran un resumen de informes anónimos elaborados por agentes de la policía española que se hicieron llegar a la prensa en páginas sin ningún tipo de cabecera ni firma y en la que se hacía mención a supuestas ilegalidades de dirigentes nacionalistas catalanes o de personas de su entorno. Estas "notas informativas" llegaban al despacho del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y algunas de ellas, según fuentes del caso, también habrían terminado en el despacho de Mariano Rajoy. El entonces ministro dirigía la operación Catalunya y también hacía llegar a la Moncloa documentación delicada a través de escoltas. Este material se ponía en sobres en blanco, cerrados, sin asunto, ni remitente ni destinatario. Todo ello con la complicidad y ayuda de los principales jefes de la policía española, como el director adjunto operativo, Eugenio Pino, que era el interlocutor directo del ministro.

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Según estos mismos documentos, el exministro del Interior tuvo un papel muy destacado en estas maniobras porque había exigido estar siempre informado de todos los movimientos que realizaba la cúpula policial y judicial. De hecho, los informes llegaban con regularidad a su despacho, a veces semanalmente, en otros períodos, quincenalmente, y el ministro consideraba el asunto del máximo interés.

Paralelamente, Daniel de Alfonso, que entonces era director del Oficina Antifraude de Catalunya, se encargó de recopilar todo tipo de información sobre el independentismo que también trasladó al ministerio para que el ejecutivo del Estado pudiera utilizarla. Los documentos que se han hecho públicos este lunes están relacionados con la atribución a Artur Mas de cuentas en Liechtenstein; las cuentas en Andorra de la familia Pujol, o el caso del informe falso sobre las cuentas de Xavier Trias en Suiza.

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En la mayoría de los casos éstas eran investigaciones prospectivas; esto es, motivadas por un objetivo político predeterminado pero sin indicios, una práctica legalmente prohibida.

El papel de Villarejo

De acuerdo con la investigación periodística, Fernández Díaz encargó a su jefe de gabinete, Francisco Martínez, hacer de enlace con el excomisario José Manuel Villarejo para recopilar esta información, y Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante sea entregara por escrito. Esta fue la vía de entrada de Villarejo con los mandos más altos de Interior y la forma en que nacieron las llamadas notas informativas.

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Entre estos documentos figuraba una serie de cinco sobre el caso del Palacio de la Música que anticipa el relato concretado en la nota informativa enviada por Villarejo a la dirección de la Policía y al ministro.

Además, para acceder a los despachos más altos del PP el comisario habría dispuesto de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la número dos del partido, María Dolores de Cospedal. Las fuentes consultadas por estos medios también señalan que, durante esa época, el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se mostró “muy activo” en todo lo que tenía que ver con la investigación a dirigentes nacionalistas, y apuntan a que algunas de las publicaciones de información confidencial sobre contribuyentes catalanes salieron de la cúpula de su ministerio.