El juez de la Púnica dictará cuatro autos en la recta final de la financiación irregular del PP
La Fiscalía Anticorrupción perfila los interrogatorios desde primeros de septiembre
MadridEl juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, prepara cuatro autos para encarar la recta final de la investigación por presunta financiación irregular del PP en Madrid. Según fuentes jurídicas, es así a fin de impulsar los interrogatorios de las personalidades que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imputar por primera vez en esta trama: las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela, y el expresidente de Indra, Javier Monzón.
La solicitud de imputación de Güemes y Lamela está relacionada con la adjudicación de nuevos hospitales (alrededor de 8) y la rehabilitación de ambulatorios ya existentes (unos 15). Un 1% del monto total iba destinado a publicidad, cantidad que se gestionaba directamente desde la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Güemes y Lamela prestaron declaración ante la Guardia Civil, pero hasta ahora la Fiscalía no había solicitado al juez sus declaraciones. Es un salto cualitativo.
Entre los casi 25 imputados, según ha podido saber ARA, también hay que incluir al exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, que no ha prestado todavía declaración. Entre los que ya lo hicieron y continúan como investigados se hallan Silvano Corujo, exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM) y el que fuera consejero delegado de la misma, José Martínez Nicolás, así como Javier de Andrés, que declaró mientras era consejero delegado de Indra y que resultó posteriormente destituído.
Por otra parte, sigue en calidad de investigado el que fuera gerente del PP en la época de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez Moliner, conocido como 'el Bárcenas de Aguirre'.
La pieza novena de la operación Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP es el resultado de la decisión de unificar las investigaciones abiertas en Púnica y en la operación Lezo.
En un auto de primeros de enero del 2018, el juez García-Castellón explicaba la existencia de un "solapamiento" entre la pieza Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño mediante el cobro de comisiones a adjudicatarias de contratos públicos y la número 4 de Lezo, que investigaba si el partido hizo lo mismo desviando fondos de Indra y de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Debía seguirse la investigación en la Púnica por haberse indagado primero allí.
El juez explicaba en su auto que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 fue ICM la que, a través de Indra –adjudicataria de sus contratos–, afrontó "el pago de las deudas de los proveedores electorales" del partido, "canalizándose estos a través de distintas empresas instrumentales". Se eludía con ello "la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid".
Esas empresas exhibían vínculos con "administradores de hecho o de derecho de las empresas instrumentales utilizadas para canalizar los referidos pagos a favor, bien de empresas de su grupo, bien de terceras empresas". El juez mencionaba "la identidad de los intervinientes en las campañas electorales investigadas", entre ellas al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez Moliner; al exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás; al exconsejero del gobierno regional de Ignacio González, Borja Sarasola y a varios directivos de Indra.
En esta misma pieza se impulsó la investigación del presunto desvío de fondos de Martínez Nicolás a una cuenta de Liechtenstein con la colaboración de varios familiares.
Los cuatro autos configurarán, pues, las cuatro piezas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción:
- Las contrataciones de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, en el que se investigan presuntos amaños en los contratos públicos de eficiencia energética de más de una decena de consistorios de la Comunidad de Madrid.
- Las operaciones de lo que se conoce como "la CAM de Francisco Granados"; es decir, la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid.
- La financiación presuntamente irregular del PP de Madrid o, según la Fiscalía Anticorrupción, "los hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid".
- Las actividades producto de la "contratación de Alfedel", la empresa de asesoría escolar de la trama de Púnica para montar la construcción de una red de colegios concertados a través de concursos públicos presuntamente amañados.