La judicialización del Proceso

Los siete jóvenes independentistas condenados a los que sólo la amnistía puede salvar de la cárcel

Todos ellos han recibido penas de tres o cuatro años por las movilizaciones del Proceso

BarcelonaLa amnistía está monopolizando el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez y las conversaciones entre los partidos independentistas y el PSOE se centran en la fórmula para acabar con la represión posterior al 2017. Una amnistía que partidos y entidades soberanistas quieren que incluya a todos los represaliados . También los jóvenes encausados por las movilizaciones posteriores al 1-O. De hecho, siete jóvenes ya tienen sentencia firme y podrían entrar en prisión en los próximos meses si sus recursos no prosperan y la medida de gracia no llega antes.

Uno de los casos más conocidos es el de Dani Gallardo, que hace dos años se trasladó a vivir a Barcelona. Este joven andaluz de 25 años fue condenado el pasado 1 de junio a cuatro años de cárcel acusado de desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y lesiones por golpear con un palo a un policía en una manifestación en Madrid contra la sentencia del juicio del 1-O. Desde el pasado 24 de julio tenía diez días para ingresar en prisión voluntariamente, pero el plazo que marcó el Tribunal Supremo ha quedado parado temporalmente por el recurso presentado al TC que pide que se suspenda la condena. Es su última bala para evitar la cárcel, donde estuvo ya un año y un mes, siendo el encausado que más tiempo pasó encarcelado preventivamente.

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Otro de los casos más mediáticos es el de Adrián Sas. El joven villafranquino de 34 años presentó en marzo del 2022 un recurso de casación en el Supremo contra la sentencia que le condenó a tres años y medio por pegar a un policía en el primer aniversario del 1-O. Sostiene que se vulneró su presunción de inocencia y que no se respetó la cadena de imágenes con la que se le identificó. La condena de Sas llegó después de que JxCat y ERC se comprometieran públicamente a retirar la acusación particular de la Generalitat. Sin embargo, el día del juicio el abogado del Gobierno no lo hizo y el caso acabó visto para sentencia con las mismas peticiones de pena de prisión, también las de la Fiscalía, como criticó Alerta Solidaria, que lleva todas las causas menos la de Gallardo.

Hace un año, Oriol Calvo también fue condenado a 4 años, 1 mes y 16 de días por un delito de desórdenes y atentado contra la autoridad por lanzar piedras contra la línea policial en las protestas por la sentencia del Proceso en la capital catalana. Como en el caso de Sas, la sentencia se sustenta únicamente en la declaración de dos agentes de los Mossos, ya que no existe otra prueba que ratifique su versión. La defensa de este joven del barrio del Poble-sec, que tiene la misma edad que Gallardo, también presentó recurso contra la sentencia hace un año porque no se acreditó en ningún caso la participación del condenado en los disturbios. La defensa, que aceptó que Calvo estaba en el lugar de los hechos, denunció en el recurso que "estar en el lugar inadecuado en el momento equivocado" no puede ser "prueba suficiente" para condenarle.

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Otro encausado con condena firme es Abel, acusado de participar en la agresión que sufrió un españolista tras una manifestación contra Jusapol en noviembre del 2018. En enero, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso que presentó la defensa y le condenó a 3 años y 9 meses de cárcel con el agravante de delito de odio porque considera demostrado que hacía labores de vigilancia mientras otro joven (que todavía está en búsqueda y captura) empujó a la víctima por las escaleras del metro de Urquinaona.

Sentencias este mismo año

La última sentencia firme por las movilizaciones del Proceso llegó a mediados de julio. La Audiencia de Barcelona condenó a tres jóvenes de Granollers a tres años de cárcel por lanzar piedras a una furgoneta de los Mossos en las protestas del 1 de octubre del 2020. Se les acusó de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, pero el veredicto los absolvió del de desórdenes públicos porque no se había podido acreditar que hicieran barricadas o quemasen contenedores tras la manifestación por el tercer aniversario del 1-O, convocada por la ANC y Ómnium.

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Otro encausado, Víctor Verdejo, tiene sentencia de primera instancia. La Audiencia de Barcelona le condenó a tres años de cárcel en diciembre por considerar probado que el hombre lanzó una botella de cristal y una piedra en la línea policial y que agredió a los agentes que le detuvieron durante la protesta de Tsunami Democrático en el clásico en el Camp Nou. La defensa presentó un recurso de apelación por "ausencia de pruebas" y denunció que el tribunal solo tuviera en cuenta la versión "parcial e interesada" de los agentes.

Un escocés, con la pena más elevada por las movilizaciones a favor de Hasél

Quien tiene la pena más elevada es el joven escocés de 33 años William Aitken, a quien la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a cinco años y un mes de cárcel por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en junio del año pasado. Sin embargo, en su caso, es por la participación en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en Barcelona, que no está claro que acaben entrando en la amnistía. La sentencia, como todo lo demás, se fundamenta en el testimonio de dos mossos d'esquadra, una declaración que los magistrados consideraron “absolutamente concluyente”. Le acusan de mover contenedores para impedir el paso de la policía y de prenderle fuego con la ayuda de un compañero suyo que no fue identificado. También de utilizar un monopatín, que el tribunal calificó de "instrumento peligroso", para romper adoquines, y de tirar piedras contra furgonetas de la BRIMO en el tercer día de protestas. Aitken siempre defendió que se encontró la manifestación por casualidad y que se quedó en el lugar de los hechos fotografiando los disturbios hasta que fue arrestado por un agente de paisano.