¿Subida del SMI o voluntad de recaudar más?
El anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros hasta alcanzar los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas ha venido con una sorpresa incorporada: resulta que por primera vez una parte de sus receptores tendrán que tributar a Hacienda, algo que nunca había ocurrido. Las anteriores subidas del SMI siempre venían acompañadas de ajustes en el mínimo exento para evitar que el IRPF se comiera parte del aumento. Sin embargo, en esta ocasión se calcula que un 20% de los receptores, medio millón de personas en todo el Estado, sí tendrán que pagar una parte de ese dinero a Hacienda. En concreto, se trata de los solteros sin hijos, que en función de la comunidad autónoma de residencia tendrán que volver a Hacienda hasta la mitad del aumento, como es el caso de Catalunya. Es decir, a diferencia del 80% restante, su aumento real podría rebajarse hasta 25 euros mensuales.
La decisión ha provocado la indignación de Sumar y, curiosamente, también del PP, que ve una prueba de la voracidad recaudatoria del gobierno español. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiso ni siquiera negociar la cuestión, según denuncia la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Haciendo unos números rápidos se puede comprobar que con la subida del SMI el gobierno español ingresará unos 2.000 millones extras (provenientes de los salarios que deben pagar las empresas), una cifra que vendría a compensar la pérdida del impuesto a las grandes empresas energéticas, tumbado por Junts y el PNV, y que resta 3.000 millones.
Sin embargo, en este caso se está grabando las rentas más bajas, por lo que resulta una medida poco redistributiva y contraria a los valores que el gobierno progresista de Pedro Sánchez afirma defender. Y es que por mucho que éste sea un gobierno que hace bandera, con razón, de la necesidad de pagar impuestos, obvia que la redistribución también puede realizarse por la vía de la bajada impositiva a las rentas bajas y medias. Esa falta de flexibilidad, o incluso dogmatismo, ya se vio en su día con la negativa a aceptar medidas como la deflactación del IRPF para compensar el impacto de la inflación en los contribuyentes, que Sánchez y Montero identificaban como una medida de derechas aunque algunos varones socialistas, como Ximo Puig, la llevaron a la práctica.
Realmente, se entiende poco que el gobierno español permita que esta polémica empañe lo que es uno de sus principales activos, que es haber demostrado que subir salarios, a través de la palanca del SMI, no destruye puestos de trabajo, sino al contrario: dinamiza la economía porque aumenta el consumo interno. Se podrá argumentar que 25 euros al mes no hacen a nadie más pobre ni más rico, pero no se trata de eso, sino saber qué mensaje se está lanzando a la población. Y aquí no está claro si, con la excusa de ayudar a los segmentos más desfavorecidos, no se está buscando también aumentar la recaudación del Estado. En este sentido, Montero debería mostrarse más generosa y, sobre todo, más hábil políticamente para no convertir un triunfo en una derrota.