La justicia rechaza la petición de un padre para detener la eutanasia de la hija
La demanda del hombre, asesorado por un colectivo ultracatólico, ha propiciado un juicio inédito en el Estado

BarcelonaLa justicia ha dicho no a la petición del hombre que quería detener la eutanasia de su hija. El proceso judicial que el padre puso en marcha en agosto, tres días antes de la fecha en que estaba previsto que la chica recibiera la eutanasia, ha alargado ocho meses la espera. La sentencia del primer caso en todo el Estado por intentar detener una eutanasia resuelve que el hombre, asesorado por Abogados Cristianos, no estaba legitimidad en interceder ante la petición de la chica, adulta y con plena capacidad mental para decidir y entender su petición.
La sentencia que firma la titular del juzgado contencioso 12 de Barcelona, Irene Urbón, condena al hombre a pagar las costas del procedimiento judicial. La resolución puede recurrirse en los próximos 15 días hábiles, y, de hecho, Advocats Cristians ya advirtió de que estaban dispuestos a llevar el caso hasta la justicia europea si la juez no les daba la razón.
Noelia, de 24 años y con paraplejía a raíz de un intento de suicidio, ya contaba con el aval unánime de los 19 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGAC) para recibir la eutanasia. En el juicio, ella reiteró su voluntad y todos los especialistas que la han tratado coincidieron en que tiene las capacidades mentales para poder decidir libremente y que cumple los requisitos que fija la ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora.
Durante el proceso judicial, la Generalitat ha defendido la decisión de la comisión de expertos que estudió el caso de Noelia. La Fiscalía, por su parte, ha reconocido que la chica cumple los requisitos para acogerse a la eutanasia y tiene capacidad para decidir libremente, pero también considera que el padre tenía derecho a intentar detener su decisión por la vía judicial.
¿Cuándo puede intervenir la familia?
De hecho, el debate jurídico de fondo que este caso ha puesto sobre la mesa es si una persona está legitimada para detener en los tribunales la eutanasia de un familiar. En la sentencia, la magistrada repasa la jurisprudencia que acota en qué casos alguien puede intervenir en defensa del derecho fundamental de otra persona, puesto que el padre ha justificado su acción judicial como una defensa del derecho a la vida de la chica. La juez concluye que, en los casos en que una tercera persona ha sido legitimada para intervenir en nombre de los derechos de un familiar, el afectado era un menor o persona incapacitada. Ninguno de ellos es el caso de Noelia.
Pese a que el padre ha puesto en duda la capacidad de decisión de Noelia por sus antecedentes psiquiátricos, todos los médicos que le han tratado coinciden en que tiene las facultades intactas para entender su petición. El padre tampoco ha promovido ningún procedimiento para incapacitar a la joven y no ha aportado "ninguna prueba de la presunta incapacidad". Además, recuerda la sentencia, la joven hace años que no convive con su padre ni con su madre porque les retiraron su custodia cuando era menor. Noelia vivió en un centro tutelado de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) desde los 13 años hasta su adulto, y ahora vive ingresada en un hospital residencial.
Denuncia coacciones del entorno
Durante el procedimiento judicial, el padre y los abogados de Abogados Cristianos han mantenido que Noelia ha cambiado varias veces de opinión sobre su eutanasia, pero no han aportado ningún testigo que lo corrobore. La única prueba con la que intentaron demostrarlo ha quedado sin valor. Se trata de una carta firmada por Noelia en la que pedía aplazar seis meses la eutanasia para madurar la decisión. Ella misma explicó a la juez que se lo hicieron escribir dos chicas que conoce, "que están en una comunidad religiosa ya menudo se colaban en su habitación sin avisar", en un momento en que ella estaba muy dormida y medicada.
"Ella no sabía ni qué escribía ni lo que decían, y sólo quería que se marcharan para poder seguir durmiendo", recoge la sentencia a partir del testimonio de Noelia en el juicio. La joven también explicó en el juzgado que había sufrido coacciones de su entorno para que se echara atrás, que algunas compañeras del centro de menores donde había sido tutelada a partir de los 13 años le ponían en la habitación estampitas, cruces y símbolos religiosos.
Un paso para consolidar el derecho a la eutanasia
Para la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, la sentencia que se ha hecho pública este lunes supone "un paso adelante en la consolidación del derecho a la eutanasia". La presidenta de la entidad, Cristina Vallès, ha añadido que con esta resolución "se reafirma la importancia de respetar la voluntad y autonomía de las personas en el proceso final de su vida, sin interferencias indebidas".
"Nos preguntamos si la ley que determinadas fuerzas políticas no pudieron detener en el Congreso ahora quiere anularse mediante los tribunales", dice la asociación, que recuerda que ya hubo dos recursos infructíferos contra la misma ley ante el Tribunal Constitucional. Vallès ha advertido de que "la judicialización de resoluciones de la CGAC por cuestiones ideológicas podría considerarse incluso un abuso de derecho, ya que podría equivaler a entorpecer de forma fraudulenta la aplicación de una ley".