Los vecinos de la incineradora del Besòs piden cuatro años de cárcel para el director operativo de la planta
La plataforma Airenet sostiene que Francesc Rosa permitió que la planta operara de forma sistemática al margen de la normativa ambiental
BarcelonaLas asociaciones y entidades vecinales que llevan seis años impulsando el procedimiento judicial por la contaminación del aire derivada de la planta incineradora de residuos del Besòs pidieron que, en el juicio del caso, el jefe de explotación de la planta, Francesc Rosa, se exponga a una condena de cuatro años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente con riesgo grave de perjuicio por la salud. Con una petición calcada en la de la Fiscalía, la plataforma Airenet sostiene que Rosa –que ostentaba la dirección técnica y operativa de la planta Tersa– "permitió y consintió que la planta operara de forma sistemática al margen de los parámetros exigidos por la normativa ambiental y toleró un funcionamiento anómalo de las instalaciones que generó de riesgo grave para la gravedad".
El escrito de la acusación particular de Airenet, al que representan los abogados Andrés Maluenda y Anna Baró, también pide que Rosa quede inhabilitado durante un año –una vez se cumpla la condena de cuatro años– por trabajar en plantas de residuos y que se le imponga una multa de 12.000. Rosa, como "principal" titular del funcionamiento "ordinario" de la central del Besòs, era el responsable respecto a los riesgos ambientales y para la salud, apunta el escrito de Airenet que ha avanzado El Periódico y ha consultado el ARA. También le hacen responsable de la dispersión de "sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente, la calidad del aire y la salud" a través de la chimenea de la instalación.
Los denunciantes señalan que la generación y emisión de estos contaminantes exigía "un control riguroso y permanente de los parámetros esenciales del proceso de incineración", lo que atribuyen como una "responsabilidad directa" del procesado. Según expone Airenet, lo que habría desatado la infracción es no haber alcanzado una temperatura suficientemente alta en los hornos de la planta para asegurar la descomposición de las partículas contaminantes. Explican que el nivel de calor al que se queman los desperdicios es determinante para garantizar que se destruyen completamente los compuestos peligrosos que se generan en la incineración y minimizar la emisión de contaminantes.
En este sentido, la acusación particular indica que el rango adecuado para deshacer dioxinas y furanos cancerígenos es entre 800 y 1.140 grados centígrados, que debe alcanzar al menos 850 grados durante dos segundos. Una normativa que la central de Tersa, apunta Airenet, "bajo la responsabilidad y autorización del acusado, incumplió de forma continuada al menos desde el año 2017La acusación asegura que en varias ocasiones en las instalaciones de Tersa se han quemado residuos por debajo de los 850 grados, y que Rosa habría permitido utilizar continuadamente un sistema de control no autorizado, técnicamente invalidante, y que habría negado el acceso a los datos que habrían permitido contrastar la temperatura real del proceso.
Las subs
En cuanto al impacto de esta contaminación sobre la salud, Airenet recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las dioxinas y furanos entre las sustancias "más tóxicas que se conocen". Éstas pueden provocar "lesiones cutáneas como la cloracno, alteraciones hepáticas e hiperpigmentación y, a largo plazo, la aparición de cáncer, alteraciones neurológicas y endocrinas, disminución de la respuesta inmune, trastornos reproductivos, malformaciones congénitas y otros daños de gravedad elevada".
La denuncia de la plataforma que puso en marcha la causa se hizo en la Universidad Rovira i Virgili (URV) y es en estos momentos el único del sumario que ha cumplido "los requisitos de rigor necesarios para ser publicado en una revista científica, por lo que sus hallazgos y conclusiones son especialmente reveladores", añade Airenet.