Victoria importante del gobierno español ante la Fiscalía
Si hay una persona que ahora mismo concita la máxima animadversión de la derecha en la olla a presión que es Madrid, éste es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que lleva meses en el punto de mira y tiene múltiples frentes abiertos. Sin embargo, este martes García Ortiz ha obtenido, aunque haya sido por la mínima, una gran victoria. La Junta de Fiscales de Sala, que es la élite de la carrera fiscal, ha avalado por 18 votos contra 17 que la amnistía sea también aplicable al delito de malversación, en contra del criterio de los cuatro fiscales que llevaron el caso al Tribunal Supremo, y que pretendían dejar fuera de la amnistía a muchos de los líderes del Proceso, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En consecuencia, García Ortiz relevó a los fiscales díscolos y ordenó a su número dos que redacte el escrito que la Fiscalía deberá presentar ante el Supremo. Se trata de un hecho inédito que revela el conflicto interno que se vive en toda la carrera judicial, y que tiene muy poco jurídica y política, como se pudo comprobar en el escrito inicial de los cuatro fiscales díscolos.
En todo caso, la votación demuestra que los fiscales están divididos y que al menos la mitad comparten un principio tan evidente como que las leyes deben cumplirse respetando tanto su literalidad como su espíritu. Y la amnistía no sería completa ni tendría sentido si no incluyera el delito de malversación. Sin embargo, la decisión final no depende de los fiscales sino de los jueces, y en concreto de Pablo Llarena en el caso de Puigdemont y de Manuel Marchena en el de Junqueras y otros. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía pida que se aplique la amnistía en todos sus términos pone algo más difícil a estos jueces la posibilidad de no aplicarla. Sobre todo si, como cabe esperar, el caso llega finalmente al TJUE, donde suelen tener muy en cuenta los posicionamientos de las partes y en especial de la Fiscalía.
El frente judicial es la última trinchera que le queda a la derecha para boicotear la aplicación de la ley de amnistía, ya que consideran que ésta es la vía más corta para descarrilar al gobierno español. Pero no es la única. El propio García Ortiz está a punto de ser imputado por desmentir información falsa relativa al escándalo fiscal de la pareja de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo también anuló el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos por un defecto de forma. De la misma forma que también le anuló al ministro Marlaska la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo del 1-O, como jefe de la comandancia de Madrid. Y también es el caso de Begoña Gómez, sobre la que lleva adelante una investigación sin ningún atisbo. Es importante ver el mapa completo de lo que está ocurriendo en Madrid por entender que lo que hay es un choque entre dos formas de entender España y también la democracia. Y es que para algunos España pasa precisamente por encima de la democracia.