Amnistía sin alegría

A día de hoy, la aplicación de la ley de amnistía tiene todavía más de 150 casos pendientes de resolución judicial. Según datos de Alerta Solidària, también ha habido 104 denegaciones explícitas de la amnistía (no, ciertamente, a los policías que apalearon a los ciudadanos por las calles: estos fueron los primeros que se beneficiaron de ella). La ley entró en vigor en junio de 2024, hace más de dos años. La justicia ha sido bastante menos diligente a la hora de amnistiar a independentistas catalanes que a la hora de exonerar al novio de Ayuso o de cargarse a un fiscal general del Estado. Cuestión de prioridades, tendremos que suponer.Finalmente, ha sido necesario forzar también la amnistía del delito de malversación (inexistente, dado que con los gastos del referéndum no se lucró ni benefició ninguno de los condenados/perseguidos por Marchena y Llarena). Los tribunales españoles, por cierto, menospreciaron el delito de malversación (que ellos mismos habían esgrimido como acusación) en los tiempos gloriosos en que los tertulianos patrióticos hacían chistes con el topónimo Schleswig-Holstein y algún periodista de su cuerda llamaba a bombardear cervecerías alemanas por haber “humillado a España” al no haber entregado a Puigdemont a instancias de los defectuosos requerimientos del susodicho Llarena. Son cosas que es bueno recordar para tener presente que el camino que nos ha llevado hasta aquí a lo largo de estos nueve años ha sido largo y proceloso, pero no lleno de conocimiento, como el camino hacia Ítaca que pedía Kavafis, sino lleno de ruido y furia, de arbitrariedades y abusos, de decisiones equivocadas y un etcétera tan inacabable como ignominioso.Por parte catalana, el espacio que los partidos políticos independentistas dejaron libre mientras se dedicaban a matarse estúpidamente entre ellos se ha ido llenando de charlatanes patrioteros, cada uno más absurdo y tóxico que los otros, hasta haber llegado al punto patético de que la fuerza “independentista” emergente, y destinada según todos a arrasar en las próximas elecciones, es un partido fascista que apoya a Vox para insultar la memoria del presidente Companys. Por parte española, el afán de revancha ha conducido al derrumbe de los delgados tabiques de la separación de poderes, en unas instituciones del estado pobladas de herederos ideológicos del franquismo y de ultraderechistas de nuevo cuño y de la última hornada. El Estado se amnistía también a sí mismo (sobre todo a sí mismo) de la persecución judicial perpetrada contra el independentismo, que, por otra parte, y como era de prever, se ha hecho extensiva a todo aquel que pueda ser sospechoso de traición a España, incluso aunque se trate del presidente del gobierno español. Pasados nueve años, la amnistía no contenta a nadie, y las versiones más oscuras del patriotismo, así el español como el catalán, se han adueñado del panorama. Pero lo más tenebroso de todo ello es que el poder judicial se haya acostumbrado a corregir, y a ejercer, las funciones del ejecutivo y el legislativo.