Amnistía y resentimiento
La amnistía lleva jolgorio. Mientras Catalunya le acoge con desconfianza –quedan muchas cabezas por ligar–, en Madrid aflora el resentimiento. Dejo a un lado el griterío de ritual del españolismo indignado, y me quedo con la feria de las vanidades representada por Feijóo y el inefable Felipe González.
El expresidente socialista jura que de confirmarse la amnistía no volverá a votar al PSOE, lo que me parece perfectamente natural por el giro reaccionario –y el odio a Sánchez– que hace tiempo que exhibe. Es una muestra más de la insoportable soledad de los ex, que, por otra parte, cada vez salen del poder más jóvenes –que se mentalice a Sánchez– y se eternizan en un segundo plano que no todos saben gestionar.
Hay que tener poca imaginación y menos argumentos para comparar, como hace Feijóo, la amnistía con la corrupción y declararla ilegal e inmoral. Es el peligro de ver la política en blanco y negro, cuando en la inquietud por llegar primero se pierde la visión global del país, que es el paso necesario para poder dar el salto a la mayoría.
Hace un año, el 11 de junio del 2024, entró en vigor la ley de amnistía con el rechazo incondicional de la derecha, incapaz de dar señal alguna de reconocimiento a unos adversarios convertidos en enemigos de la patria, y de los que necesitarán la complicidad para volver a gobernar. La democracia española está regulada por un marco legal definido por la Constitución, siendo al poder judicial al que corresponde resolver los casos de presunta violación de la legalidad. Pero también es evidente la complejidad de la política, que requiere una mirada inclusiva que permita la convivencia en el máximo espacio de diversidad. Y aquí es donde es decisiva la capacidad de integrar, que es lo que caracteriza a una democracia digna de ese nombre, en el que el valor es la libertad y la autoridad se legitima con espíritu de tolerancia y respeto.
La aspiración de Cataluña a un estado propio está inscrita en la historia de este país. El marco constitucional reconoce diferencias, pero excluye la independencia, que, por tanto, puede decirse que está fuera de la ley. Pero el independentismo tiene reconocimiento en la sociedad catalana, y ha expresado su aspiración a un referéndum como vía hacia una reconsideración general. En 2017 se llegó lejos, con la convocatoria de una consulta no reconocida por el Estado. El independentismo fue más allá de sus fuerzas, y se desplegó la ola de represión.
Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos, con la excepción de las derechas, fueron asumiendo la necesidad de cierta distensión, al tiempo que llegó, explícita o implícitamente, el reconocimiento, por parte del independentismo, de haber dado un salto que no estaba a su alcance. Es en este sentido que fue tomando cuerpo, con la llegada de Pedro Sánchez al poder, la conveniencia de una amplia amnistía que contribuyera a cierta normalización. Y llegó, pero con la resistencia de la derecha y de los tribunales, que iban llenando de piedras el camino. El PP debería entender que, o se acomoda a esta realidad y se acerca a la derecha catalana, o va a ser totalmente dependiente de Vox. Quizá sea lo que buscan.