La ampliación del Prat: un proyecto de país
La necesidad de ampliar el aeropuerto del Prat tendría que estar fuera de toda duda. Igual que lo tendría que estar el hecho que esta ampliación se haga con un gran consenso político, económico y ciudadano que suponga la conciliación de la mirada económica (obvia e imprescindible) con la ambiental (sobre la que Europa tiene la última palabra) y la social (vecinos afectados por el ruido). El manifiesto lanzado este domingo por más de 200 entidades, que nace a partir de la propuesta de Aena de sacar hacia delante el proyecto, expresa la urgencia y la importancia de esta apuesta, que entronca con una reivindicación histórica de la sociedad catalana. Solo hay que recordar el acto de la sociedad civil en Iese en 2007, a raíz del cual el gobierno Zapatero convocó un concurso finalmente cancelado en 2011 por el gobierno Rajoy. Una década después, y a las puertas de superar la pandemia, es lógico y oportuno que se retome aquel impulso frustrado si no se quiere perder una década más. A lo largo de estos años el aeropuerto de Barcelona ha ido aumentando de pasajeros hasta llegar, antes de la irrupción del virus, a acercarse a la capacidad límite de 55 millones: si en 2007 pasaron 33 millones de pasajeros por sus instalaciones, en 2019 la cifra ya había subido a 53 millones, lo que potencia Barcelona como ciudad turística, de congresos, de investigación, logística e industrial.
Tal como dice el manifiesto, que firman desde las patronales hasta el RACC, pasando por el Cercle d'Economia, la Cámara de comercio y Barcelona Tech City, un aeropuerto que sea un hub intercontinental puede suponer que su contribución a la riqueza del país pase del 7% al 9% del PIB. La inversión de 1.700 millones que haría Aena es otro argumento esgrimido que no se puede menospreciar. Las oportunidades están cuando están, y hay que cazarlas al vuelo, nunca mejor dicho.
Dicho esto, el proyecto concreto de Aena hay que cogerlo como un punto de partida a partir del cual generar una apuesta de país y un consenso político y técnico, que tendría que contar con la participación de todas las administraciones, pero especialmente con el liderazgo del gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. Y a partir de aquí, ir a negociar a la UE para que apruebe una ampliación que tendrá que tener muy en cuenta las compensaciones ambientales: la economía verde y la lucha contra el cambio climático son prioridades europeas que Barcelona y Catalunya también comparten y que, por lo tanto, tiene que asumir el proyecto del Prat. Técnicamente hay más de una opción, y estaría bien que el debate fuera riguroso y transparente. Es importante decidir qué pista se alarga (la propuesta es la del Mar, que afectaría el espacio de la Ricarda, unos humedales protegidos), cómo se hace la nueva terminal satélite de la T1 y qué alcance tiene el desarrollo inmobiliario de la T2. Y también la crucial conexión con el AVE, puesto que vamos hacia un escenario mundial de menos vuelos locales (para avanzar hacia la descarbonización) a favor del tren y a cambio de mantener los vuelos intercontinentales, que son precisamente los que hay que potenciar en el Prat.
Hace falta, pues, empezar ya a construir un diálogo político y técnico serio que asegure la necesaria ampliación del Prat.