El martes ocurrió algo insólito en el Parlament de Balears —otro: esta legislatura es rica en momentos parlamentarios insólitos—, y es que el PP ha votado (según ellos, “por error”) un paquete de treinta y cuatro enmiendas, todas presentadas por Vox, que casualmente venían a ser una lista a los Reyes anticipada de todas las exigencias de la extrema derecha. Desde construir en áreas naturales de especial interés (ANEI), hasta suprimir el catalán como requisito en la función pública y como lengua vehicular de la educación, pasando por eliminar las ayudas a los inmigrantes. Cabe destacar que las enmiendas de Vox se habían presentado a la llamada ley “de simplificación”, eufemismo que se ha empujado el gobierno de Marga Prohens para desproteger el suelo rústico y desregular la construcción. Antes de empezar el pleno, las negociaciones entre el PP y los grupos de oposición de la izquierda se habían roto y Prohens y su gobierno habían decidido tirar por el derecho y autorizar la construcción también en zonas inundables, además de regularizar las ya existentes. Sin embargo, Vox quería aprovechar la ocasión para aprobar algo más radical, y lo consiguió. Tan pronto como se produjo la votación, desde el PP empezaron a repetir que era un error, que querían repetir la votación (Vox se negó) y que ahora harán un decreto ley para dejar sin efecto la votación supuestamente errónea .
Veremos. No hay motivo para pensar que el error se haya producido por descuido, ni siquiera que sea cierta la versión del supuesto error. La sangre fría con la que la portavoz del PP, Marga Duran, enunció que se había equivocado al indicar el sentido de la votación (mientras a su lado el también portavoz Sebastià Sagreras balbucía sonidos inarticulados, como tiene por costumbre), y la sonrisa triunfal con el que la portavoz de Vox dijo, con toda la sorna del mundo, que se negaban a repetir la votación, hacían pensar más bien en un pésimo teatrillo, acordado de antemano entre los dos grupos. También, la irresponsable altivez con la que el vicepresidente y conseller de Economia, Antoni Costa, anunció el decreto ley para corregir la votación: falta ver si llega a haber ninguno de decreto ley, y cuál será su contenido . Además, para aprobarlo necesitarán el voto de todos los partidos de la oposición, cosa nada sencilla de obtener.
Como decíamos al principio, es insólito que en una votación un grupo se equivoque e incorpore más de treinta enmiendas de otro grupo con el que, además, se supone que ha roto el acuerdo de investidura. cuando las enmiendas no sólo revientan cuatro décadas de consensos, como se ha dicho, sino que —como en las que se refieren al catalán— son abiertamente contrarias al Estatut de Autonomía, y por tanto ilegales y anticonstitucionales. Pero sirven para complacer a los bajos instintos no sólo de la extrema derecha, sino también de un PP al que el cuerpo le pide guerra, ideológica o la que sea, pero guerra. Es el mismo partido que acaba de suprimir, mientras miles de personas lamentan pérdidas de todo tipo, el límite salarial de los altos cargos en el País Valencià. así.
