Menos burocracia, más viviendas

Sufrimos un exceso de burocracia, sobre todo ahora que casi todo se ha de autogestionar, despersonalizadamente y virtualmente, desde el ordenador y elsmartphone. Pero la burocracia, herramienta del poder, es tan antigua como el imperio egipcio, tal como explicó Lewis Mumford en el libro El mito de la máquina. Como la ideología neoliberal del capitalismo, su esencia es imponernos que no hay otros mundos posibles que el de las normas, aplicaciones y condiciones contractuales existentes.Las dificultades para tener los papeles o pasar ciertas fronteras, los días plenos de gestiones kafkianas con las grandes compañías de energía y comunicación, o situaciones lamentables, como cuando vas a correos a recoger un envío de una persona que no está y te reclaman su autorización, aunque sea desde la tumba, son una muestra de ello.También la calidad de la vida urbana está marcada por la normativa y vigilada por los funcionarios restrictivos. Calles y espacios públicos, viviendas y aulas de las escuelas, todo está definido previamente por leyes, ordenanzas, módulos y condiciones de las subvenciones, escritas por juristas que no tienen conocimiento de las cualidades de los espacios, de la vida real de las personas, ni de qué es la cultura de los cuidados. Son demasiados los burócratas que no salen de su país, porque si no verían la diversidad de normas en cada ciudad y sociedad, y que es sano ir haciéndolas evolucionar.

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En principio, el exceso de normativa es para que no haya especulación ni abusos. Pero de aquí salen miserias como las medidas ridículas de nuestros balcones, una vergüenza contra natura si lo comparamos con países como Francia u Holanda, donde están permitidos grandes voladizos y terrazas. La vivencia de la pandemia demostró la estrechez de las casas sin balcones o de las terrazas que, según normativa, no pueden hacer más de 80 centímetros, como si por tener más espacio perjudicaran a alguien. Solo el País Vasco ha incorporado, desde 2023, que las terrazas son obligatorias y deben tener como mínimo 4 metros cuadrados.Y es que la calidad de la arquitectura y de los espacios públicos tiene mucho que ver con las leyes y los planes urbanísticos que previamente los han definido. Se pueden tener las mejores intenciones para hacer viviendas nuevas, pero si el solar es donde se ha decidido que debe haber bloques o torres y no entre medianeras, y que no haya barrio alrededor, no hay manera de conseguir la continuidad con el tejido urbano. Podemos reproducir la frase de 1992 de James Carville: “Es el urbanismo, estúpido”.Precisamente, ahora el gobierno de la Generalitat anuncia el anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y medioambiental, que está a consulta pública hasta el 30 de septiembre. Paralelamente se unificarán las leyes en un texto único que supere la actual hiperregulación de baja calidad y la fragmentación administrativa, y se evitará así el laberinto de contradicciones y solapamientos. Es inadmisible que se tarde casi un año de media en obtener una licencia de obra. La nueva ley quiere que se pueda otorgar en un mes; y que el planeamiento urbanístico en vez de tardar dos años se resuelva con seis u ocho meses.

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Para poder construir las 50.000 viviendas en Cataluña, prometidas por Salvador Illa, es una condición vital, ya que uno de los obstáculos para toda política de vivienda es la lentitud de los trámites. Esto puede implicar que los proyectos y planes no pasen por el examen de los técnicos municipales, sino por unas Entidades de Certificación del Ámbito Urbanístico, las ECAU; y estas entidades privadas han despertado ciertas alarmas. Hay que agilizar los trámites, pero no se puede caer en una desregularización encubierta, ni en una gestión privada sin auditar. Por lo tanto, se ha de reclamar el papel protagonista de los colegios profesionales en la revisión técnica y urbanística.Es una buena noticia que una parte de la burocracia se agilice y se haga más eficaz, en materia de vivienda, urbanismo y medio ambiente, pero esto no debe significar reducir la participación ciudadana, ni las garantías de que los proyectos tiendan al bien común, ni las posibilidades de innovación: hoy Antoni Gaudí no podría hacer su obra, ni podemos reproducir los proyectos franceses de rehabilitación de viviendas de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. Es necesario un cambio de mentalidad, y pasar de la rigidez y la actitud defensiva de los burócratas a una administración pública que sea proactiva y transparente, con funcionarios abiertos a la experimentación y a los proyectos piloto; buscando los intereses generales y no la satisfacción de su ejercicio de poder; e incorporando mecanismos de diálogo y adaptabilidad a cada situación y contexto.