Cómo combatir el descrédito político
A lo largo de estos últimos años, y todavía más de los últimos meses, han crecido mucho la desconfianza en lo que dicen o hacen muchos gobiernos y el descrédito de la política. Puede ser que algunos se alegren, pero creo que a la gran mayoría nos sabe muy mal y nos preocupa. En las conversaciones a menudo se discute cómo se tendrían que repartir las culpas entre las dificultades evidentes de los tiempos en que vivimos y el papel de los que tienen responsabilidades políticas. Hay que añadir a estos los comportamientos de los ciudadanos.
Aunque culpa hay una poca para todos, creo que la parte más importante la tienen los políticos. Hago un sencillo análisis del tema para poder explicar qué pienso y para poder justificar esta afirmación. Hablaré de las incertidumbres de los nuevos tiempos, de las irresponsabilidades de algunos ciudadanos y de la incompetencia de muchos políticos.
1. Incertidumbres y normativas públicas. Las incertidumbres derivadas de cuatro retos de este nuevo siglo (la digitalización de la información, la insostenibilidad climática, la transición energética y la globalización económico-financiera) son causas muy claras que dificultan cada vez más el acierto en las actuaciones públicas. A pesar de que esto puede hacer más comprensibles algunos errores, no se pueden justificar de ninguna forma las actitudes de negación de los hechos, las perezas o inercias para aceptar la necesidad de los cambios, ni la carencia de medidas preventivas para evitar o mitigar los probables efectos no deseados de los nuevos escenarios. Las consecuencias del progreso tecnológico tienen aspectos enormemente positivos que hay que aprovechar, pero también abren posibles peligros colaterales que hay que combatir con unas normas adecuadas que regulen su utilización y que establezcan responsabilidades.
2. Responsabilidad y regulación. La creciente libertad personal fruto de las nuevas herramientas tecnológicas y la progresiva conciencia de los límites del planeta han creado una contradicción que obliga a un aumento de la responsabilidad personal para garantizar la seguridad de todos y mantener la convivencia, a la vez que se asegura la sostenibilidad global. Esto supone un enfrentamiento entre libertad, por un lado, y seguridad y sostenibilidad, por otro. Las autorregulaciones no son suficientes para eliminar la irresponsabilidad de personas, de organizaciones e incluso de gobiernos. Aquí radica otra causa del problema y nace la urgente necesidad de nuevas regulaciones, muchas de las cuales tienen que ser de carácter global, sobre todo en el ámbito financiero y en el de la información.
3. Incompetencia en el mundo político. Si las causas son claras, las soluciones solo pueden venir de un aumento de la responsabilidad personal y colectiva, y en el caso muy frecuente de su insuficiencia,de una adecuada actuación de los poderes públicos, tanto legislativos como ejecutivos. Los primeros regulando más claramente el ejercicio de la libertad y sus límites, y los segundos gestionando adecuadamente los servicios públicos para asegurar la igualdad y la inclusión social.
La carencia de actuaciones, y en muchos casos los errores, generan en los ciudadanos una comprensible percepción de carencia de atención de los políticos respecto a sus problemas personales, y son la principal causa de desconfianza y descrédito. Esto se agrava todavía más al contemplar continuas batallas partidistas por el poder y luchas ideológicas alejadas de las preocupaciones reales de la gente, que dejan en un segundo término la gestión correcta de los problemas diarios.
No tengo ninguna duda que el ámbito de la política tiene una dimensión ideológica y una de gestión. La pura gestión tecnocrática, sin orientación ideológica, no conllevaría ni mejora del bienestar general ni disminución de las desigualdades entre ciudadanos, pero es imprescindible una buena gestión para que las aspiraciones reflejadas en las ideologías se conviertan en unas mejoras reales que lleguen a término y sean perceptibles por todos.
Me parece que habría que separar algo más la composición del poder legislativo (los Parlamentos) y la del ejecutivo (los gobiernos). El primero es el que tiene que aprobar las normas que reflejen las orientaciones que los ciudadanos han escogido, y el segundo es el responsable de que estas orientaciones y estas aspiraciones se conviertan en realidades. Hace falta, por lo tanto, que la ideología esté muy presente en la composición de los Parlamentos, pero la competencia y la calidad de la gestión de los gobiernos es la única garantía de que todo esto no se quede en utopías irrealistas o en aspiraciones defraudadas.
Para evitarlo hay que distinguir mejor dos tipos de perfiles políticos: el de representante de los ciudadanos que actúa basándose en orientaciones políticas, y el de gestor profesional y eficaz que materializa en servicios y actuaciones concretas las orientaciones que se han escogido. Las mayorías parlamentarias marcan la dirección del camino, pero la capacidad gestora de los gobernantes es la que permite llegar al lugar deseado. Creo que en estos últimos años se ha minusvalorado esta segunda dimensión en la formación de algunos gobiernos y en el nombramiento de sus cargos. El resultado ha sido una exageración del debate ideológico y una sensación de incompetencia de los órganos ejecutivos. Hay que revisar mejor los criterios para los nombramientos y los perfiles de los candidatos. ¿Puede ser que ahora se haya hecho algo mejor?
Joan Majó es ingeniero y ex ministro