La crisis de PISA y la crisis educativa
La crisis de la enseñanza en Cataluña no solo tiene consecuencias hoy. Si continúa la degradación, el país se condena a un futuro de irrelevancia económica y fractura social.
Durante años, Cataluña pudo observar sus resultados educativos con una cierta tranquilidad. No encabezaba las clasificaciones, pero se situaba por encima de la media española. Esto se ha acabado. La escuela catalana no solo ha empeorado: también ha retrocedido más que buena parte de los sistemas con los que se puede comparar.
Entre las pruebas PISA de 2015 y las de 2022, Cataluña perdió 38 puntos en lectura, 31 en matemáticas y 27 en ciencias. No es una oscilación estadística ni una mala tarde colectiva. Es un fracaso sostenido que afecta simultáneamente las tres competencias básicas.
En 2015 Cataluña estaba por encima de la media española. En 2022 quedó por debajo en todas las materias: doce puntos menos en lectura, cuatro menos en matemáticas y ocho menos en ciencias. También se situó por debajo de la media de la OCDE en las tres pruebas.
Las comparaciones territoriales exigen prudencia porque cada comunidad tiene una composición social y demográfica diferente, pero permiten desmontar la coartada más cómoda: no todo el mundo ha empeorado igual. La misma OCDE considera que el descenso catalán es comparativamente elevado y responde a problemas más estructurales que coyunturales.
El sistema produce hoy más alumnos que no alcanzan los mínimos y menos estudiantes excelentes. Retroceden a la vez la equidad y la exigencia. El origen social, el nivel educativo de las familias y la condición migratoria continúan determinando demasiado el rendimiento. Cuando la escuela deja de corregir las desigualdades y se limita a reproducirlas, no es el alumnado vulnerable quien ha fracasado: es el sistema.
PISA no mide todo lo que importa en educación. Pero tiene una virtud esencial: permite observar la tendencia, compararse con otros sistemas y comprobar si las políticas aplicadas mejoran o empeoran los resultados. Cuando caen a la vez la lectura, las matemáticas y las ciencias, discutir las imperfecciones del termómetro deja de ser una respuesta suficiente.
Ahora, en el momento en que más necesitábamos saber si Cataluña comenzaba a revertir el descenso, el departamento de Educación ha conseguido romper también el termómetro. Los resultados de PISA 2025, que se publicarán el 8 de septiembre, no se podrán comparar de manera fiable ni con las ediciones anteriores ni con los de otras comunidades o países.
La causa no es un sofisticado debate metodológico. Un 23,2% de los alumnos seleccionados para la muestra catalana quedaron exentos de hacer la prueba, cuando la OCDE recomienda que las exclusiones no superen el 5%. De los 2.545 alumnos previstos, 591 no se examinaron. La muestra ha perdido, por tanto, la representatividad necesaria para mantener una serie homologable.
El departamento de Educación lo califica "de incidencia técnica, aislada y puntual". Pero superar en más de dieciocho puntos el máximo de exclusiones establecido no es una pequeña incidencia. Es un fallo grave de planificación, de supervisión y de profesionalidad técnica. Los resultados catalanes se publicarán y computarán en el conjunto español, pero no permitirán saber con rigor si el alumnado catalán ha mejorado o empeorado.
La incompetencia estadística no es un detalle burocrático. Impide evaluar las políticas públicas, dificulta la rendición de cuentas y ofrece a la administración una niebla perfecta donde refugiarse. Después de los peores resultados de la historia, Cataluña afrontará la próxima publicación de PISA sin poder establecer una comparación homologable con el pasado ni con el resto. No sabremos si las medidas anunciadas han servido de algo porque el mismo departamento de Educación que debía evaluarlas no ha sido capaz de garantizar una muestra válida.
A la crisis de resultados se añade una conflictividad laboral sostenida. Sería fácil culpar a los maestros de las huelgas o presentar cualquier reivindicación laboral como un obstáculo para el aprendizaje. También sería cómodo convertir a los docentes en héroes resignados, inmunes a cualquier exigencia o evaluación. Ambas caricaturas son inútiles. No hay escuela de calidad sin profesores bien formados, reconocidos, exigentes y sometidos a responsabilidad profesional. Pero tampoco la hay con plantillas exhaustas, direcciones desbordadas, especialistas insuficientes y docentes obligados a dedicar horas a demostrar en formularios que hacen el trabajo que no tienen tiempo de hacer.
Durante demasiado tiempo, el debate catalán ha quedado atrapado en batallas sobre calendarios, pantallas, competencias, memorización, proyectos y modas pedagógicas sucesivas. Mientras tanto, se ha evitado la pregunta esencial: ¿qué debe saber un alumno cuando acaba la enseñanza obligatoria?
La escuela existe porque los alumnos aprendan. Porque aprendan a leer con profundidad, a escribir con precisión, a calcular, a razonar, a conocer la historia, a comprender el método científico y a distinguir un argumento de una ocurrencia. Las competencias no pueden sustituir los conocimientos porque no hay competencia posible sobre el vacío.
El país afronta una crisis de resultados, de autoridad, de confianza y, ahora, también de capacidad técnica para evaluarse. No necesita otro diagnóstico solemne destinado a acabar en un cajón ni una nueva reforma que sea sustituida antes de llegar a las aulas. Necesita objetivos claros, estabilidad, exigencia, buenos maestros, direcciones fuertes, apoyo a los centros complejos y evaluaciones rigurosas. Los alumnos, en cambio, solo tienen una oportunidad de pasar por la escuela. Y Cataluña no se puede permitir condenar su futuro.