Quién tiene derecho a hacer las preguntas
Está entre la ironía y el sarcasmo que durante la cena de estado ofrecida por Donald Trump a Xi Jinping en la Casa Blanca fuera la televisión china la que mostrase al mundo las imágenes del pomposo encuentro. De hecho, más pomposo que productivo. La televisión del estado comunista de partido único y economía planificada facilitaba las imágenes, mientras que las cadenas estadounidenses suspendían la cobertura conjunta en respuesta al veto de Donald Trump.
La ABC, la CBS, la NBS e incluso la Fox habían decidido no participar en el pool presidencial después de que el presidente prohibiera en él el acceso a la CNN, MSNOW y Politico. Aquella noche las cámaras habituales de las grandes cadenas estadounidenses no registraron la ceremonia, como lo habrían hecho en circunstancias normales. Mientras tanto, CCTV y Xinhua difundían imágenes de Xi y Trump brindando en la Casa Blanca.
La paradoja es difícil de mejorar: la televisión de un régimen autoritario mostrando las imágenes de un acto en la Casa Blanca que las televisiones de la democracia estadounidense habían decidido no cubrir como protesta por las restricciones impuestas por su presidente a la libertad de prensa.Pero el episodio explica una cosa aún más importante. Donald Trump no combate a la prensa. Combate a los árbitros: los jueces, los fiscales, las universidades, los científicos, los técnicos de la administración, las agencias independientes y los organismos electorales. Todas aquellas instituciones que conservan suficiente autonomía para decirle al poder: esto no es cierto, esto no es legal, esto no ha pasado así, esto no depende exclusivamente de su voluntad.
Si reducimos la relación de Trump con los medios a una guerra personal entre un presidente hostil y unos periodistas críticos, nos perdemos una parte del fenómeno. Trump no quiere necesariamente hacer desaparecer a la prensa. La necesita. La mira, consume, la provoca, la insulta y la utiliza. Comparece constantemente ante los periodistas, les llama a sus teléfonos personales y vive pendiente de la televisión.
Lo que intenta erosionar es otra cosa: la capacidad de la prensa para actuar como un agente independiente. Su credibilidad y la capacidad de formular las preguntas para las cuales no tiene respuesta o que mostrarían que el rey va desnudo.
George Packer lo explicó en The Atlantic antes de las elecciones de 2024. Trump y los medios mantienen una relación casi simbiótica. Él necesita la atención y los medios necesitan explicar al presidente. Pero el intercambio es desigual. Durante años el periodismo ha obtenido audiencia, clics, suscripciones y libros gracias a Trump. Él, en cambio, ha obtenido una cosa políticamente mucho más valiosa: destruir la credibilidad de los periodistas o convertirla en una cuestión partidista.
Su gran éxito es haber conseguido que millones de estadounidenses desconfíen. Y aquí empieza el problema. Una democracia no necesita que los ciudadanos piensen igual. Existe precisamente para que puedan pensar diferente. Pero para discutir sobre qué hay que hacer necesita antes un cierto acuerdo sobre qué ha pasado.
Los hechos deben conservar alguna independencia respecto de las opiniones.
Sin este mínimo terreno compartido, la política deja de ser una discusión entre interpretaciones diferentes de la misma realidad y se convierte en una confrontación entre presuntas realidades incompatibles.
Durante el primer mandato de Trump, esta batalla se desarrolló sobre todo en el terreno del lenguaje con las fake news, los enemigos del pueblo y la caza de brujas. Se hacía bajar al periodista al barro insultándolo, desacreditándolo. También al juez y a la junta electoral: conspiradores, militantes, propagandistas, tramposos, adoctrinadores.
En este segundo mandato se veta directamente a los medios acusándolos de publicar “ficción y mentiras”. Los tres últimos censurados recurrieron a los tribunales. Un juez federal ordenó restablecerles el acceso. Y a pesar de esta orden, periodistas de la CNN y de MS NOW denunciaron que continuaban sin poder acceder a determinados actos de la visita de Xi.
Es exactamente aquí donde la idea de los árbitros adquiere todo su sentido. Trump decide que unos periodistas no son periodistas legítimos porque considera que mienten. Un juez decide que el presidente no puede retirarles arbitrariamente la acreditación. Y la Casa Blanca vuelve a restringirles el acceso. No es simplemente Trump contra la CNN. Es una discusión sobre quién tiene autoridad para establecer las reglas.
David Remnick advertía en The New Yorker que hablar de la prensa como “enemiga del pueblo” adquiere otra dimensión cuando quien lo dice dispone también de poder administrativo, judicial y regulador. Porque no hace falta clausurar un diario, se puede limitar el acceso a la sala, se puede desacreditar una fuente, se puede interponer una demanda multimillonaria, se puede presionar al propietario. Sobre todo se puede crear la sensación de que plantar cara al poder tiene consecuencias. La intimidación llega primero por las redes sociales y acaba con el cierre de un medio por efectos regulatorios o por una demanda económicamente insoportable.
Trump es el rey del ruido en las redes y ha hecho escuela también en Cataluña. Emite una cantidad extraordinaria de declaraciones, insultos, provocaciones, vídeos, controversias y titulares. Se trata de saturar el ecosistema digital. De incendio en incendio. De astracanada en astracanada. Nada que ver con la transparencia. Como la noticia más importante no siempre es la que atrae más audiencia, muchos medios van siguiéndole el juego, atrapados entre su función democrática y la lucha por la economía de la atención, porque la indignación, el insulto y el escándalo circulan extraordinariamente bien y la audiencia se traduce en el volumen que las marcas y los gobiernos convierten en ingresos para los medios.
La pregunta es quién decide qué es importante. Quién tiene derecho a hacer las preguntas. Susan Stokes proporciona una clave especialmente útil en The backsliders (Los regresores, Galaxia Gutenberg). Los dirigentes que erosionan democracias modernas no suelen llegar con tanques. Llegan con votos. Y si quieren debilitar las instituciones que los controlan, primero necesitan convencer a sus seguidores de que estas instituciones no son neutrales.
Cuando esta transformación está completada, debilitar los controles ya no parece necesariamente una agresión contra la democracia.