La devastación nacional

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de Badalona.
18/11/2026 - 18:07 h
Profesor de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona

En tiempos de influencers y entertainers el programa electoral del PP (La Reconstrucción Nacional) ha merecido alguna referencia sucinta en los medios convencionales. No quiero decir que un programa sea un contrato con los electores como exigió hace años Lluís Llach, pero en el caso de los partidos llamados a gobernar tiene un efecto práctico que es ser el punto de partida de los pactos postelectorales. El extremismo de este programa, que debería hacer palidecer al mismo José María Aznar, denota que ha sido concebido para encajar con Vox. No en vano, el PP habla de un modelo de organización territorial orientado a la recentralización funcional y normativa, a la eliminación de asimetrías territoriales y a garantizar la “presencia directa” del Estado, y Vox se centra en el rescate de competencias como la educación, la sanidad, la seguridad o la justicia, ya que aunque mantiene la propuesta tradicional de suprimir las comunidades autónomas, no ha abandonado ninguna de estas instituciones y gobierna cuatro.

De entrada, el programa desentierra el hacha de guerra contra el independentismo, producto de la mala digestión de la desjudicialización del Procés. El resultado es un gran eructo en forma de recuperación del delito de sedición, tipificación de la convocatoria de referéndums ilegales y de la estéril derogación de la ley de amnistía. Otras propuestas son un auténtico casus belli contra el conjunto del catalanismo y propugnan una auténtica devastación nacional: eliminar el plurilingüismo del Congreso o imponer el castellano en la enseñanza. Lejos de planteamientos como la “administración única” de Manuel Fraga y en plena era digital, se propone un “Plan Nacional de Presencia del Estado” para revertir el “repliegue” del Estado, aunque no se ha marchado nunca de ningún lugar de Cataluña excepto de las carreteras desde que patrullan los Mossos.

Menos preocupante es la propuesta de armonización competencial y normativa. Dicho sea irónicamente. Salvo los Mossos y el derecho civil, sinceramente, ya no queda nada que igualar. El Estado autonómico ha experimentado una “erosión silenciosa” –en palabras de un documento del gobierno vasco que analiza el marco competencial– que lo ha dejado como un pollo desplumado en un proceso iniciado con el segundo gobierno Aznar (2000), seguido por la crisis financiera (2008) y la sentencia del Estatuto (2010), y remachado con la crisis sanitaria de la covid (2020). La dinámica recentralizadora ha comportado una administrativización de la autonomía y que Cataluña haya asumido la gestión del estado del bienestar sin poder de decisión ni recursos financieros.

La sentencia del TC, más que indicarnos de nuevo la casilla de salida, coaguló el Estado autonómico y redujo el Estatuto a una pieza arqueológica sobre todo en materia competencial. Las competencias exclusivas ya no existen, con la excusa de la planificación estatal de la actividad económica, y las compartidas no dejan margen para hacer políticas propias porque las bases estatales –que deberían ser un mínimo común normativo– se estiran como un chicle. Qué lejos quedan los años en que catalanes y vascos luchaban para que el Estado hiciera efectivos los traspasos pendientes –todavía hoy se nos resisten los Paradores Nacionales, las vacaciones del Imserso y el salvamento marítimo, por ejemplo–, o para defender las competencias a base de recursos y conflictos ante el Constitucional.

El resultado es que España se ha convertido en una especie de federalismo de gestión: el Estado-Leviatán lo legisla todo y los gobiernos tienen ministerios de todo, abarcando ámbitos tradicionalmente autonómicos como la vivienda, el consumo y la protección de los animales. Mientras escribo esto, tengo delante un real decreto del viernes pasado sobre identificación de animales de compañía (!), que justifica la competencia estatal por razones económicas, sanitarias y medioambientales. Este no es el esquema que se pensó en 1978. En Alemania, a cambio de que el estado regule, los lands gestionan plenamente, y el poder judicial y el gobierno local están descentralizados y el Senado actúa como cámara territorial. Por eso hace tiempo que los partidos catalanes en Madrid se resignan lamentablemente a cambiar algunas leyes para que no penalicen más el autogobierno o a pactar fórmulas “singulares” o cláusulas de desconexión como han hecho los vascos toda la vida. En fin, en cuanto al poder político, estamos peor que cuando se hizo el Estatuto de 2006.

Por eso parece una broma de mal gusto que el PP diga que la administración del Estado no renunciará a ejercer directamente sus competencias exclusivas o que evitará cesiones competenciales a cambio de apoyos parlamentarios en ámbitos como la Hacienda general, la Seguridad Social, la defensa, la política exterior o el control de fronteras (medida 16), en los cuales las autonomías no han rascado nunca bola. O que impondrá una autoridad única migratoria (medidas 28 y 35), ya que las comunidades solo pueden hacer políticas de integración social. O que se hable del reconocimiento mutuo de licencias y simplificación administrativa (medidas 7, 8, 11), cuando una ley de la época Rajoy (2013) ya garantiza la unidad de mercado en lo universal.

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