Haga usted las leyes y deje para mí los reglamentos. La frase célebre del conde de Romanones resuena estos días en el panorama político catalán después de que Junts per Catalunya y el PSOE hayan alcanzado un acuerdo para delegar determinadas competencias en materia de inmigración en Catalunya. Tras muchos meses de negociaciones y la promesa de arrancar un traspaso integral de competencias en inmigración, con ultimátums incluidos y una cuestión de confianza finalmente retirada, ambas formaciones han registrado en el Congreso un proyecto de ley para formalizar esta delegación, aunque todavía quedan muchos interrogantes sobre su implementación real.
Siempre serán bienvenidas todas las competencias, aunque puedan ser impopulares, que permitan a la Generalitat ganar capacidad ejecutiva y autogobierno, ya sean en inmigración, en materia penitenciaria o en recaudación de impuestos. Y, como también ocurre con la condonación de dinero del FLA, con la ley de amnistía y tantos otros temas, este anuncio ha encendido las alarmas de la derecha nacionalista española. El expresidente José María Aznar calificó el acuerdo como un ataque frontal a la soberanía española, y afirmó que es peor que una declaración de independencia, lo que sirvió para que los sectores más conservadores puedan volver a acusar a Pedro Sánchez de traidor a la patria y de rehén de los independentistas.
Pero, como suele ocurrir, el gobierno socialista español ha tardado pocas horas en echar agua al vino poco después de que Junts presentara el acuerdo como una gran victoria política. La vicepresidenta María Jesús Montero ha querido dejar claro que se trata de una "delegación" y no de una transferencia, y que, por tanto, la titularidad de la competencia seguirá siendo exclusiva del Estado, con la posibilidad de que esta delegación pueda decaer en el futuro. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para calmar a la Guardia Civil y la Policía Nacional ha asegurado que estos cuerpos no perderán ninguna de sus funciones y que seguirá siendo la Benemérita quien ponga el sello final en cualquier trámite.
Esta rebaja del contenido efectivo del acuerdo hace que, en estos momentos, resulte complicado entender cuál es la trascendencia real del pacto y cómo éste incrementa el autogobierno de Catalunya a expensas de la soberanía del Reino de España en materia de fronteras. Y por si fuera poco, tampoco está nada claro que esta ley orgánica pueda acabar siendo aprobada. Para prosperar, necesita la mayoría absoluta del Congreso, y los diputados de Podemos se han mostrado contrarios a apoyarlos mientras reparten carnés de racista. Sin estos votos, la delegación de competencias podría quedar en papel mojado.
Cuesta imaginar que Junts no hubiera previsto este escenario y que no sepan que el PSOE suele rebajar cualquier acuerdo una vez se evapora el efecto del titular mediático. Por eso, es probable que uno de los objetivos de Junts con este pacto sea poner el foco en la inmigración, un tema que en clave electoral les permite disputar espacios en la extrema derecha catalana. Según varios estudios de opinión, Sílvia Orriols ha logrado agujerear en la parte del electorado independentista más preocupado por la inmigración, y Junts, como principal perjudicado, se ve obligado a mover ficha si no quiere perder representación territorial en las próximas elecciones municipales.
En el escenario político actual, Junts parece sentirse atrapado en ese laberinto. Si adopta un discurso más beligerante sobre inmigración, refuerza y legitima el discurso de Sílvia Orriols y de Aliança Catalana, pero si ignora esta cuestión latente, una parte de su electorado podría considerar que el partido no conecta con sus preocupaciones. Los pactos, explícitos o disimulados, con Aliança Catalana serán un dilema estratégico para el partido de Carles Puigdemont, que deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar la fuga de votos hacia la extrema derecha. Mientras, en esa misma órbita, algunas voces históricas del catalanismo han querido marcar perfil. El expresident Jordi Pujol ha manifestado recientemente que pactar con Aliança Catalana sería un grave error, ya que, a su juicio, si triunfan las tesis etnicistas de este partido, Catalunya podría dejar de existir como proyecto nacional.
El tiempo dirá si esa delegación de competencias en inmigración tendrá efectos reales o es sólo un movimiento calculado para dar contenido a un relato político concreto. De lo que parece menos dudas es que el alcance de la ley presentada tendrá un recorrido accidentado y un final incierto. Ya lo cantaba La Trinca hace más de cuarenta años con esa mítica canción Como el Far-west, no hay nada, que todavía hoy suena actual: "A la hora de la verdad, los tratados con rostros pálidos siempre son papel mojado".Y si se aprobara la ley, otro hará el reglamento, con permiso del Tribunal Constitucional.
