El Estado elige el camino de la confrontación

El Tribunal Supremo quiere al president Puigdemont en prisión, con las consecuencias que esto puede tener. El auto del juez Llarena que declara no aplicable la amnistía y le mantiene el orden de detención si vuelve a nuestro país plantea a todo el mundo, y muy especialmente a los partidos políticos catalanes y españoles favorables a la idea del “reencuentro”, la mayor pregunta: ¿la única manera de tratar con el Estado desde Catalunya es la confrontación? Si el Estatut fue que no, si las inversiones no se ejecutan, si un sistema justo de financiación es insolidario, si la obligación de saber catalán es imposible, si un referéndum de independencia ni pensarlo, si la amnistía solo es para unos pocos, incluidos policías violentos, ¿cuál es el margen de actuación, que no sea una versión actualizada del regionalismo “bien entendido”?

En las últimas horas, voces expertas, sensatas y claramente no independentistas, se han puesto las manos en la cabeza tras leer los argumentos del Tribunal Supremo. Consideran que el alto tribunal ha hecho una interpretación creativa de la ley. Algunos han dicho sin tapujos que no ha respetado ni su espíritu ni su letra, y no se han ahorrado calificativos como "disparate". O sea que lo que tenemos delante es una resolución política disfrazada de auto judicial.

El Supremo ha actuado de acuerdo con la doctrina Aguirre (“al gobierno de Sánchez le quedan dos telediarios”, y lo remataba con una expresión grosera) porque es evidente que esta rebelión togada tiene una razón interna española. Pero si hablamos de Catalunya, el país del pacto y del peix al cove, del puente aéreo, de los intereses comerciales y las proximidades culturales y sentimentales, pregunto a las voces que se proclaman herederas de la cordura ancestral, ¿cómo responder cuando el Estado elige el camino de la confrontación explícita?