Empresa y política: ¿dónde está el límite?
Lo que está sucediendo en Estados Unidos da heredad en muchos ámbitos, pero también en lo que afecta al mundo de la empresa.
La administración Trump utiliza su poder para forzar la voluntad de las empresas. Un ejemplo es la adquisición de activos chinos en el canal de Panamá por parte de un consorcio de empresas americanas. La transacción la han detenido ahora las autoridades chinas, pero en pocas semanas se satisfacieron los deseos del nuevo presidente. Las acciones coercitivas han afectado también a los despachos de abogados más importantes. A veces, en represalia por asuntos de su primer mandato, pero también para evitar que estos bufetes actúen ante los tribunales para detener actuaciones administrativas de cuestionable constitucionalidad.
El presidente Trump está utilizando las órdenes ejecutivas para tomar decisiones que corresponden al poder legislativo, incluyendo la eliminación de agencias independientes y organismos que luchan contra la corrupción y los abusos de poder. También está ignorando los dictámenes contrarios de los tribunales con la intención de llevar las controversias jurídicas a la instancia más alta, un Tribunal Supremo que ha ido configurando a su medida a lo largo de los años.
A pesar del evidente debilitamiento del imperio de la ley y los graves y crecientes conflictos de interés, desde el mundo de la empresa se oyen voces condescendientes e incluso comprensivas. Se argumenta que la administración pública y las regulaciones habían crecido en exceso y era necesario recortarlas. Y también era necesario un cambio de rumbo en las políticas sociales y culturales. Según este punto de vista, las formas de Trump no son las mejores, pero la dirección es la correcta y los resultados acabarán llegando.
Sin embargo, las formas importan. No por una cuestión de modos, sino por algo fundamental para la pervivencia de la democracia liberal: para impedir el uso arbitrario del poder.
¿Pero cuál debe ser la actitud desde la empresa cuando se produce un cambio político tan importante como el que estamos viviendo en EEUU? Y, en particular, ¿qué deben hacer las empresas cotizadas? ¿Se deben a sus accionistas y deben adoptar decisiones orientadas a preservar la cotización de la empresa en el mercado de valores? ¿O deben guiarse por consideraciones más amplias vinculadas al interés general?
Ya desde el día de la inauguración del mandato de Trump vimos cómo los líderes de las grandes tecnológicas se acercaban. ¿Era porque creían que Trump desregularía el sector y presionaría a Europa? ¿O es que, conociendo el temperamento del nuevo presidente, creyeron que lo mejor para sus accionistas era acercarse a él, ya que de lo contrario podían salir escaldadas?
También hemos visto cómo compañías americanas destacadas (Target, MacDonalds y Meta, entre otros) han dado una rápida marcha atrás en las políticas de diversidad, medio ambiente e inclusión. Algunas se han limitado a retirar las menciones a estos temas en sus informes anuales, pero otras han cambiado explícitamente sus objetivos. ¿Acaso nunca creyeron en estas políticas y ahora están aprovechando que soplan otros vientos mediáticos y políticos? ¿O lo han hecho por temor a la reacción de la nueva administración?
Si los cambios, como parece, se hacen como respuesta a las amenazas de la administración Trump, sería una tendencia muy preocupante. En pocos meses, Estados Unidos estaría dejando de ser un país en el que las decisiones administrativas las toman un cuerpo funcionarial y unas agencias públicas independientes según criterios de neutralidad y no discriminación. Y pasarían a ser un estado controlado por un grupo de personas que utilizan arbitrariamente el enorme poder de la administración para consolidar su poder político, en beneficio propio y de una red de apoyo de empresas amigas. Un caso más de lo que se conoce como crony capitalismo, especialmente preocupante cuando afecta a la primera economía mundial.
Desde la empresa deben tenerse las ideas claras. No todo vale para conseguir un entorno favorable para los negocios. ¡De ninguna manera! La desregulación y los bajos impuestos son objetivos políticos legítimos, como también lo es que las políticas empresariales tengan en cuenta las tendencias políticas y sociales dominantes. Pero todo tiene un límite, y desde la empresa deben defenderse siempre el estado de derecho, la división de poderes y los fundamentos de la democracia liberal. Éstos son principios primordiales para la libertad política de las personas, pero también para garantizar la libre competencia y la libertad empresarial.