El endémico déficit de inversión en infraestructuras
La desventaja competitiva debido a los retrasos de infraestructuras esenciales que sufre Catalunya desde hace décadas es un lastre grave e injustificable. La situación de Cercanías, de muchas carreteras clave o de accesos estratégicos –por ejemplo, el del puerto de Barcelona– es una piedra en el zapato de la economía catalana. Los atrasos endémicos se acumulan y hacen el transporte de mercancías y de personas menos eficiente y más caro. El dinamismo económico hace tiempo que se resiente. Precisamente por eso, tiene un mérito añadido que las cosas salgan bastante bien y que ahora estemos asistiendo a una recuperación notable. En realidad, sin embargo, el peso recae en las empresas, que, a falta de infraestructuras necesarias, acaban exportando gracias a un sobreesfuerzo y unos sobrecostes constantes y agotadores. Claro que si las infraestructuras se hicieran a tiempo, si las inversiones reiteradamente prometidas se cumplieran en los plazos iniciales, iríamos mejor. Mucho mejor. De esto se queja, y con razón, una vez más la patronal Foment, que ha elaborado un nuevo informe técnico en el cual se cifra en 35.000 millones de euros el déficit público en infraestructuras en Catalunya en el periodo 2009-2020.
Por desgracia no sorprende que la administración más incumplidora sea la del Estado. La ejecución de sus inversiones programadas solo ha llegado al 67% del previsto (desde el 2013, que es desde cuando hay registro de ejecución). El hecho de que los trabajos se eternicen tiene, además, un efecto colateral contable que induce a confusión: los sucesivos gobiernos, sin tener en cuenta que la obra va avanzando, suman la misma obra muchas veces a los presupuestos generales, cosa que supone una distorsión evidente. En términos políticos, esto comporta que se anuncien a menudo muchos millones de inversión para Catalunya que en buena medida no llegan nunca, y así sucesivamente. Ahora, con los fondos europeos Next Generation, la expectativa inversora es alta, pero el peligro es que, una vez más, pase lo mismo, es decir, que la falta de rigor y seriedad a la hora de ejecutarlos acabe con incumplimientos de los plazos. Pese alos controles añadidos que vengan de Europa para controlar el destino del dinero, hace falta mucho optimismo para pensar que esta vez no será así. En el caso de la Generalitat, según el mismo estudio de Foment, el nivel de ejecución de los presupuestos para infraestructuras es del 77%. Queda claro, pues, que la administración catalana tampoco cumple, pero lo hace en menor medida que la estatal: le lleva más de 10 puntos porcentuales de ventaja al Estado.
Para Foment, el nivel normal de inversión de las administraciones en infraestructuras en Catalunya tendría que ser de 5.000 millones al año, una cifra que supondría el 2,2% del PIB, tal como hacen de media los doce países más desarrollados de Europa. Si se dividen los 35.000 millones de euros entre los doce años estudiados, el déficit de inversión pública en infraestructuras se sitúa en casi 3.000 millones anuales. Por lo tanto, la distancia respecto a lo que tendría que ser y lo que ha sido durante más de una década es muy relevante. Es una grave y persistente anomalía.