El escándalo de los secretos oficiales
El cálculo político me supera. Me recuerda las partidas eternas —para bajar los turrones— donde se alternan los juegos de rol, la timba de póquer y el Party & Co. Pero hacer leyes no es un entretenimiento de sobremesa.
Si el bloqueo a toda iniciativa del gobierno español se consuma, entre el mamotreto de las leyes que no verán la luz las hay históricas, como la que derogaría la ley de secretos oficiales de 1968. Hemos retirado el caudillo de los rótulos de las calles y del Valle de los Caídos, pero la norma que hizo el dictador por hacer y deshacer todavía está vigente. Muchos crímenes del régimen y trapos sucios de los sucesivos gobiernos siguen encubiertos. Desde el pasado remoto, ligado a la T ransición o al papel del emérito, hasta el reciente. La ex directora del CNI no declaró ante la juez sobre el espionaje político con Pegasus porque la información estaba clasificada. La coartada de proteger los intereses nacionales, la sagrada razón de estado, todavía funciona. Un ejemplo actual son las exportaciones de material de defensa y doble uso —como la tecnología que puede destinarse a usos tanto civiles como militares—. Las autorizaciones son materia reservada y las actas de la junta que las acuerda (la JIMDDU), secretas.
Existe un contingente de información que se sustrae al derecho constitucional de comunicar y recibir información veraz, para que los estados se aferran a la cautela. Como dice el dicho, "el miedo guarda la viña, y el caparazón, la piña". Pero la sabiduría popular también reconoce los efectos perversos del miedo, cuando se atiza de forma injustificada: "El miedo da más feo al demonio". De ninguna manera los secretos oficiales se pueden decretar por la boquilla gorda, manteniendo la población en la inopia por los siglos de los siglos con la excusa de un enemigo difuso. Toda restricción debe cumplir un triple test: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Siguiendo el ejemplo, en materia de armamento, la transparencia de los acuerdos comerciales no comporta un riesgo intrínseco. Por el contrario, impide que determinados estados puedan sentirse amenazados y garantiza que no contribuyamos a guerras sustentadas en engaños.
El proyecto, en estos momentos atascado, no es precisamente atrevido. Hace pensar en un pasaje del Romance de la Guardia Civil española de Lorca: "Los relojes se pararon / y el coñac de las botellas / se disfrazó de noviembre / para no infundir sospechas". La operación de lifting legal comienza por el nombre: "Ley de información clasificada" es un título que no toca el bordillo. Es aséptico, ideal para que nadie se fije mucho. Y continúa por el calendario, ya que se presentó a hurtadillas, haciendo honor al fenómeno deagosticidad de la administración. Durante las vacaciones, los proyectos controvertidos pasan sin pena ni gloria. Sin embargo, motivos para la contestación hay un montón. Ciertas líneas rojas no deberían traspasarse en un estado de derecho, para que el loable propósito de proteger a la población no degenere. Veamos algunas:
1. ¿Qué se puede declarar secreto y qué información, en cambio, no puede escatimarse? Aunque no es fácil ponderar el riesgo para la seguridad, existe una regla de oro: evitar los conceptos jurídicos indeterminados e interpretarlos de forma restrictiva. No es admisible incluir las "relaciones exteriores", las "situaciones de tensión internacional" o los intereses "económicos o industriales de carácter estratégico". Y menos un cajón de sastre para clasificar "otros ámbitos", a gusto del gobierno de turno. En un país en el que los intereses de las élites política y económica a menudo van de la mano, el lío está servido. ¿Era estratégico el Castor? ¿Y las obras mastodónticas que han de venir, sean ampliaciones de aeropuertos o explotaciones de minerales raros, ¿cómo son estratégicas? La etiqueta impide contrastar los efectos sobre el entorno natural y realizar balance de costes y ganancias. Tampoco debe poder ocultarse información que permita demostrar la comisión de delitos graves. Sean conductas infames contra los derechos humanos -violaciones, ejecuciones sumarias, tortura, limpieza étnica-, sean actos de corrupción y fraude. La clasificación no puede actuar como patente de corazones, la licencia de los corsarios. No parece sobra recordarlo cuando personajes como Montoro se comen los turrones en su casa.
2.¿Quién debe poder clasificar y quién debe poder oponerse? Se debe ser muy restrictivo con las autoridades que pueden clasificar (¡cuanto menos mejor!) y muy generoso con las personas y las instituciones que pueden solicitar la reclasificación o la desclasificación. El Parlamento, evidentemente, y cualquier persona sin necesidad de un motivo específico ni de afectación directa. Tampoco deberían ponerse trabas al control judicial. Reducir el conocimiento al Tribunal Supremo supone un coste innecesario y disuasivo.
3. ¿Cuánto tiempo puede durar el blindaje? Ningún secreto puede ser eterno. Urge acabar con la duración indefinida de los secretos de la ley del 68 y establecer períodos razonables. 45 años para la desclasificación automática, con prórroga de 15 años, es, lisa y llanamente, una broma.
Periodistas y activistas son los colectivos potencialmente más afectados. Castigar con multas de hasta dos millones y medio de euros (!) a los que divulgue información clasificada, incluso si el acceso ha sido fortuito, es una barbaridad. Si tenemos presente que no existe ningún registro que permita consultar los asuntos identificados como alto secreto, secreto, confidencial o restringido, el resultado es la censura, desnuda y cruda.
Como nos enseña EEUU (razia militar, caso Epstein...) es crucial documentar bien la información clasificada para evitar que se manipule, se pierda o se destruya. Los sheriffes como Trump, que juegan con la información pública como quien juega en el Trivial, muestran la necesidad de leyes sólidas que faciliten el control parlamentario, judicial, social y de los medios. Nuestros legisladores titubeantes pueden inspirarse en los estándares internacionales (principios de Tshwane)para las dudas técnicas. Y los desorientados, responsables de la osteoporosis de nuestra democracia, en los versos de Wislawa Szymborska: "Que me perdonen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas".