Pegasus, el escándalo que el Estado quiere enterrar
El espionaje político más grave de la historia reciente de España va camino de quedar impune. El caso Pegasus, que toma el nombre del software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group utilizado para infectar a los teléfonos de decenas de representantes independentistas, se ha ido diluyendo con el tiempo, sepultado bajo el peso de la opacidad institucional y la desgana judicial. Lo que debería haber sacudido los cimientos democráticos del Estado ha acabado convirtiéndose en una pesadilla burocrática, sin responsables, sin reparación y, sobre todo, sin verdad.
Lamentablemente ya no es noticia, pero hace pocas semanas, la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, fue citada a declarar ante un juzgado de Barcelona. Ante las preguntas sobre el espionaje a dirigentes políticos catalanes, abogados y representantes institucionales, Esteban optó por el silencio: se acogió al derecho a no declarar, amparándose en la ley de secretos oficiales, una ley franquista aprobada en 1968, todavía vigente, que permite al Estado esquivar cualquier rendi. El resultado es que, pese a las pruebas, los testigos y las querellas, si nada cambia todo apunta a que el espionaje quedará sin castigo.
El Catalangate, revelado en el 2022 por el laboratorio canadiense Citizen Lab, documentó al menos 65 infecciones con el software Pegasus contra dirigentes, activistas y abogados vinculados al independentismo. Entre las víctimas estaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y también defensores legales en causas del 1 de Octubre, lo que vulnera de forma flagrante los derechos fundamentales a la intimidad, la defensa y la representación política. El estado español, sin embargo, todavía hoy no ha reconocido ni siquiera haber adquirido a Pegasus, aunque NSO sólo lo vende a gobiernos.
Afortunadamente, el tema no ha quedado enterrado gracias a las acciones judiciales y las investigaciones impulsadas por ERC, que ha liderado el caso desde el primer momento, que acreditan que existen pruebas suficientes para vincular al CNI con este espionaje. La primera querella, presentada a raíz de las infecciones en los teléfonos móviles de Roger Torrent y Ernest Maragall, abrió la puerta a una investigación más amplia que, con el tiempo, ha incorporado a Aragonés, Jordi Solé, Diana Riba, Josep Maria Jové y Andreu Van den Eynde. Gracias a este trabajo se ha conseguido un hito inédito: imputar cuatro veces a Paz Esteban y también a tres directivos de NSO Group.
Este adelanto judicial, pionero en Europa, se ha producido sin colaboración alguna del gobierno español, ni de la Fiscalía, ni del Defensor del Pueblo, ni de los tribunales superiores. El ejecutivo de Madrid sigue negándose a desclasificar la información que podría demostrar la compra y uso de Pegasus por parte del Estado, y el poder judicial se ha mostrado reacio a forzar esta transparencia. La estrategia es clara: ganar tiempo hasta que la causa se ahogue en su propio laberinto judicial.
Mientras, el relato oficial se ha ido disolviendo entre excusas técnicas y silencios políticos. Lo que era un escándalo mayúsculo se ha convertido en un nuevo capítulo de abusos de poder contra un movimiento político pacífico y democrático: el independentismo catalán. Los mismos mecanismos de represión que actuaron en el 2017 –la aplicación del 155, las condenas judiciales, la persecución de cargos electos– vuelven a manifestarse ahora bajo la forma de un espionaje tecnológico de precisión.
El caso Pegasus vuelve a poner de manifiesto la existencia de un profundo estado, un engranaje opaco que opera más allá de los mecanismos democráticos. Justamente por eso debe denunciarse, y la causa judicial abierta debe servir para evaluar el estado de la democracia y situar el pulso entre los derechos fundamentales y las libertades democráticas versus el autoritarismo del Estado. No es un caso aislado ni una coincidencia: es una muestra más de un sistema que actúa contra quien cuestiona su unidad y su poder.
El objetivo final de las víctimas y de quienes impulsan la investigación es claro: conseguir que España reconozca explícitamente que ha comprado Pegasus y que se asuman responsabilidades políticas y penales. Pero, para que esto sea posible, será necesario modificar –como impulsa la entidad Irídia– la ley de secretos oficiales, un texto heredado de la dictadura que convierte la transparencia en una excepción y la impunidad en norma. Si no se rompe ese muro de silencio, el mensaje será devastador: que el Estado puede espiar a sus ciudadanos, vulnerar derechos fundamentales y luego esconderse impunemente tras el pretexto de la seguridad nacional. Sólo la persistencia de las víctimas, sus abogados y la sociedad civil podrá evitarlo. La democracia, cuando es auténtica, no se espía sino que se protege.
