El escudo lingüístico

Entre los acuerdos anunciados tras la reunión de los presidentes Sánchez y Aragonés de la semana pasada, estuvo el de una ley de plurilingüismo que garantice el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración General del Estado en catalán, gallego y vasco. Por lo que se dio a entender, esta ley entraría a regular, también, el uso del catalán en la administración de justicia.

Que una ley así entre en vigor 45 años después de haber aprobado la Constitución es una viva demostración del interés que la democracia española ha puesto en revertir siglos de acoso del catalán e imposición del castellano. Con todo, ya la espera de saber qué derechos garantizará esta ley, bienvenido sea el anuncio.

Ahora bien, mientras Cataluña no sea un estado independiente y pueda decidir por sí misma su propio régimen lingüístico, 'España podría limitarse a tener un único artículo que dijera que el catalán es tan obligatorio en las comunidades de habla catalana como lo es el castellano. Todo lo que no sea esta equiparación de deberes es una penosa lucha por arañar espacios que siempre acaba convirtiendo el catalán en un problema.

Y mientras esto no ocurra, es urgente que el Servicio Catalán de la Salud evite que un médico de CAP de Barcelona diga que ni necesita ni está interesado en aprender el catalán. ¿Realizan alguna reunión sobre los pacientes y el catalán con los sanitarios médicos que contratan? Y quien dice en la sanidad dice a todas las empresas, públicas y privadas. Si el Gobierno no se esfuerza en crear un escudo lingüístico, los catalanohablantes en Cataluña estamos indefensos ante ignorantes, maleducados o vagos.