De las espadas a las togas

Durante los años de la transición democrática, tuvimos miedo a las tentaciones golpistas de un ejército de raíz y cultura franquistas. Era lógico y no andábamos desencaminados cuando se produjo la farsa del 23-F, con el desfile de tanques en Valencia y el asalto al Congreso de los Diputados por parte del coronel Tejero. Una noche extraña, en que se inventó el mito de un monarca que nos había salvado la democracia haciendo volver a los militares a los cuarteles. Seguro que la realidad no fue tan sencilla y aún menos nítida. Pero vino el ministerio de Defensa socialista de Narcís Serra, que con el aumento de salarios, las condecoraciones y los ramos de flores consiguió desactivar el ardor guerrero de unos “milicos” todavía muy rancios. En cambio, no se hizo la transición a fondo en un poder judicial formado por franquistas y sus discípulos, esperando que la biología y la renovación generacional hicieran una función modernizadora que nunca llegó.En el ámbito judicial, ha habido más bien una transición inversa de cara a hacer política y ejercer roles de poder. Es un mundo demasiado endogámico, clasista y retrógrado para que se pueda airear, al menos en los niveles altos de la carrera. Otra cosa son los jueces rasos, privados de medios para poder hacer de manera eficiente su importante función. En las altas esferas hay un mundo de favores, de estirpes rancias y de espíritu extremadamente corporativo, y, para qué negarlo, con ganas de actuar políticamente. No solo estamos allí donde éramos, sino que con la ola reaccionaria y postdemocrática general, este poder ha recuperado su versión más antigua. En España, los jueces son los que mejor comprendieron la enigmática frase de José María Aznar de hace un par de años: “El que pueda hacer, que haga”.La judicatura es hoy el auténtico caballo de Troya contra las instituciones y la cultura democrática. La élite judicial ya no se conforma con ejercer su papel de tercer poder del estado, sino que establece una supremacía y control sobre los demás. Y no solo eso: se convierte en el aliado necesario de la derecha extrema creando las condiciones para que esta llegue al poder. Judicializa la vida política interviniendo de manera interesada y arbitraria, levanta casos increíbles, hace condenas sin ninguna base ni prueba, y sobresee y retrasa lo que podría afectar a los acólitos políticos. La prevaricación ya no parece comportamiento excepcional sino más bien la norma. Los medios afines ya harán el trabajo justificativo correspondiente. Recuerdo que hace unos años, en una conferencia en Buenos Aires, el antiguo vicepresidente de Bolivia y teórico de la izquierda de América Latina Álvaro García Linera alertaba que los golpes de estado actuales los hace la judicatura y no el ejército: los militares latinoamericanos ya no hacen estancias formativas en las academias americanas, sino que son los jueces los que hacen inmersiones, con la misma función, en algunas universidades norteamericanas.

El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general supuso un ataque frontal, un auténtico asalto a una de las instituciones del Estado desde dentro mismo del poder judicial. Se trata de un hecho insólito que evidenció la función partidista del poder judicial en España, como instrumento político contra la mayoría gubernamental. Un razonamiento jurídico muy singular, hecho después del anuncio de la condena. Pero todo vale, en el acoso estratégico a Pedro Sánchez. Su liderazgo contra las ínfulas guerreras de Trump y el genocidio israelí ya le pasan factura. El departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha colaborado en la investigación sobre Zapatero, y no puede ser casualidad que los líderes de la derecha y la extrema derecha española hayan visitado la embajada estadounidense los últimos días. El ataque a la familia del presidente resulta inaudito porque el juez Peinado establece el principio de presunción de culpabilidad. Tanto le da que después no quede nada: lo importante es sobreactuar y generar, por acumulación, un determinado estado de ánimo.Esto que se conoce ahora como lawfare –el uso político interesado de la ley y la justicia– no es nuevo, pero ha cobrado en las últimas décadas una importancia inusitada en España y en el mundo. La derecha populista ha puesto a su servicio a la judicatura en todas partes. Los casos se abren por razones políticas, se tramitan políticamente y con la agenda que conviene para infligir daño político. Cuando es necesario, la diligencia es extrema y se hace coincidir, casualmente, con procesos electorales o bien con fechas que tapan otros casos que hay que ocultar. Impunidad absoluta. El llamado caso Zapatero parece ya el jaque mate al gobierno progresista: el icono de la izquierda arrastrada por el fango parece difícil de superar. En general, a mí y a mucha gente nos parece una indecencia ética y moral que los expresidentes creen consultorías, aunque se diga lobismoa lo que cuesta diferenciar del tráfico de influencias. ¿Qué necesidad tienen? Lo cierto, sin embargo, es que lo han hecho todos los anteriores presidentes, pero la judicatura cree que, a bombo y platillo, solo hay que ir contra Zapatero. ¿Por qué?El discurso formal de “respeto” hacia las iniciativas y decisiones judiciales ha dejado de ser sostenible.