"Si eres español, habla español"

La historia del nacionalismo español de estado es una historia de represiones contra minorías. Uno de los frentes represivos más persistentes es el lingüístico: si imprimiéramos toda la jurisprudencia que se ha generado —solo en democracia: no hace falta que nos remontemos al Decreto de Nueva Planta— para desproteger el catalán y arrinconarlo del uso social, y para reforzar en cambio la presencia y el uso del castellano, tendríamos papel para empapelar el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y con toda seguridad aún sobraría.La nueva sentencia es del Supremo, y enmienda la plana al TSJC, que ha impuesto con diversas sentencias el 25% del castellano en las horas lectivas, incluso —o especialmente— en contra de la normativa lingüística fijada por la Generalitat. Pero la flamante sentencia del Supremo viene a decir que no son suficientes los afanes del TSJC: ahora también sentencian sobre la lengua en que se debe hacer la rotulación de escuelas y centros educativos. Como dicen ellos mismos, “la rotulación no es irrelevante”. La sentencia dice que la rotulación de las escuelas puede estar en la versión bilingüe castellano/catalán, pero lo que es seguro es que, como mínimo, debe estar en castellano. ¿Argumento para sostener esto? “El castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". Es un argumento que se acerca mucho a la frase que sirve de titular a este artículo, un lema que el estado español difundió en Cataluña, en las Baleares y en el País Valenciano durante la dictadura franquista. Se asemeja quizá no tanto en la letra, pero sí en el espíritu.Que el castellano sea “la lengua oficial en toda España”, como recalca la sentencia, no es un hecho azaroso ni fruto de la gracia divina. Sin remontarnos a explicaciones históricas, el castellano es “la lengua oficial en toda España” porque así lo fija, en la actual etapa democrática, la Constitución del 78, en un artículo 3 que la sentencia también cita: el castellano es oficial en todo el estado español y es un deber para los ciudadanos españoles conocerlo, mientras que a las “otras lenguas” (no se mencionan por el nombre) se les reconoce el “derecho de ser usadas” y de ser “también oficiales en las respectivas comunidades autónomas” (no cooficiales, este es un término que aún rebaja más la presencia oficial del catalán y que incomprensiblemente muchos repiten como loros).Por tanto, la Constitución consagra un principio de desigualdad que sirve de argumento jurídico a una sentencia que es ideológica y política. Hay en esta sentencia un componente del día y otro de fondo. Del día: quien pueda que haga, es decir, bombardeo de sentencias que puedan hacer tambalear al gobierno de Sánchez vía su relación con los socios catalanes, especialmente Junts. De fondo: un nacionalismo sempiterno que tiene su razón de ser en la lucha contra la diversidad en todas sus formas. También (quizás especialmente) contra la diversidad lingüística y cultural.