Las excusas de mal pagador de la ministra

El papel lo aguanta todo. Año tras año y década detrás década, de forma inalterable se reproduce la misma historia. Cuando se aprueban los presupuestos del Estado es habitual escuchar al presidente de turno hablando de lluvia de millones en inversiones en Catalunya, pero, una vez liquidado el ejercicio, resulta que agua ha caído poca. Ahora hemos conocido la liquidación de las inversiones del Estado en Catalunya del 2021 y resulta que de los 2.068 millones de euros presupuestados solo se han ejecutado 740, el 36% del total. Esto quiere decir que dos de cada tres euros se han quedado en el cajón o se han invertido en otro lado.

También forma parte de la liturgia habitual que, después del anuncio de la lluvia de millones que no llega nunca, se levanten voces denunciando el trato de privilegio con Catalunya. Pero la realidad es muy diferente porque, a la hora de la verdad, en territorios como Madrid pasa justo al revés, puesto que se acaba gastando mucho más de lo que se había presupuestado inicialmente.

Con los números en la mano, llueve sobre mojado. Catalunya representa el 16% de la población, el 19% del PIB y es donde el Estado recauda el 20,5% de sus impuestos, pero a la hora de las inversiones solo recibe el 9%. En cambio, la Comunidad de Madrid, con el mismo 19% del PIB, el año pasado recibió el 25% de las inversiones. Y esto no es ninguna excepción, porque esta situación se repite cada año desde hace décadas y, evidentemente, tiene un impacto directo en la capacidad de crecimiento de nuestra economía.

Cuando estos datos se ponen sobre la mesa es habitual que desde algunos sectores se quiera hacer caricatura de ello y se limitan a concluir que esto es la cantilena habitual de los independentistas, que siempre utilizan el recurso fácil de decir que la culpa es de Madrid, y que si no se hacen más inversiones en Catalunya es por culpa de los catalanes, que ponen muchas trabas burocráticas. El último ejemplo sonado de esto lo encontramos con el camelo de la ampliación del aeropuerto del Prat, en que han blandido 1.700 millones de euros que no han sido nunca dispuestos a invertir en un proyecto que ha enfrentado a PSOE y Podemos, a pesar de que han intentado colgar el sambenito del fracaso a los socios del gobierno de Catalunya. La cruda realidad, sin embargo, es que este maltrato fiscal a Catalunya nos afecta a todos, votemos a quienes votemos y pensemos como pensemos.

Y como dice el lema del escudo de los Reyes Católicos, "tanto monta, monta tanto". Que el presidente español se llame Mariano Rajoy o se llame Pedro Sánchez no cambia nada. La realidad ha demostrado que es igual quién gobierne España. Tanto da que haya un gobierno socialista como un gobierno popular, que el desequilibrio en las balanzas fiscales y en las inversiones es crónico. Y los resultados en las inversiones del 2021 son especialmente humillantes si tenemos en cuenta que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que fue alcaldesa de Gavà, fue designada a propuesta del PSC. Está demostrado que los ministros socialistas catalanes en Madrid, entre ellos Miquel Iceta, no tienen ningún tipo de peso político dentro del ejecutivo. Con ellos o sin ellos, la tomadura de pelo se repite cada año.

La ministra Raquel Sánchez, para justificar la rotundidad de las cifras, nos da la píldora diciendo que “Catalunya vuelve a ser el motor de transformación que España necesita” y hace juegos de manos con las cifras para intentar hacernos creer que una inversión del 36% no es lo que parece. La realidad es muy terca y solo hay que subirse a cualquier línea de Cercanías para constatar la desidia de décadas del gobierno español hacia los ciudadanos de Catalunya. Las palabras quedan muy lejos de la realidad cuando se comparan con los hechos.

Cada cual tiene sus razones para ser independentista o para no serlo. Para unos, los motivos están más cerca del corazón y de las emociones, y para otros están más cerca de la cabeza y de la razón. Pero, a riesgo de ser tildados muy injustamente de insolidarios, haríamos bien de recuperar, con datos y con rigor, el debate sobre el trato que el Estado dispensa a los ciudadanos y a las empresas de Catalunya. Drenar recursos de manera indefinida es una forma de empobrecernos y de dejar desatendidas muchas necesidades sociales que merecen una respuesta. Ciertamente, uno de los efectos de la represión aplicada contra el independentismo los últimos años ha comportado un desplazamiento de la agenda, pero la denuncia de la existencia de personas represaliadas, que por desgracia tiene que continuar, no nos puede hacer olvidar el asfixiante trato fiscal que recibimos. Por eso tiene que ser una prioridad volver a situar en la agenda la realidad y los efectos de las balanzas fiscales para que no valgan las excusas de mal pagador.