Una escuela concertada del centro de Barcelona, en una imagen de archivo
13/03/2026
Director adjunto en el ARA
3 min

La escuela concertada está de enhorabuena, en especial la que realiza una labor de integración social, que contra lo que algunos piensan es bastante relevante. A menudo se confunde la escuela privada de élite (sin concierto con la administración) con la concertada, donde existe una gran variedad: cooperativas de maestros, escuelas religiosas, etc. En el Raval barcelonés, donde tiene su sede el ARA, hay varios centros concertados de larga trayectoria que acogen a miles de niños de familias humildes de procedencias muy diversas.

Esto no quita que sea la enseñanza pública la que, en el conjunto de Cataluña, se haga cargo del grueso de la educación. Incluyendo infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP, las cifras son estas: 3.835 centros públicos (con más de un millón de alumnos, 65% del total y un 75% del total catalán de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo) y 681 concertados (350.000 alumnos, 22%); 24%; hay 940 privados no concertados (más de 150.000 alumnos, 11% y el 2,7% de los de necesidades especiales).

Los 390 millones que el Gobierno ha prometido a la concertada deben servir para compensar los déficits históricos que arrastra: 193 millones (entre ahora y 2030) para gastos de funcionamiento y 150 para dotar a las plantillas, una partida que no se había revisado en la última década. También habrá 41 millones de alumnos en situaciones vulnerables. Es, como decía, una buena noticia directa, palpable para estos centros.

La segunda buena noticia tiene que ver con una medida que le beneficia indirectamente: el debilitamiento de la autonomía directiva de los centros públicos. Desde instancias educativas internacionales (GEM Unesco 2024 e informe TALIS de la OCDE, el PISA de los docentes) hace tiempo que se reclama fortalecer los liderazgos educativos y los proyectos autónomos de centro. En la práctica, en el sistema público catalán esto se había traducido en un tímido camino para formar mejor a los directores, pagarles más y darles un pequeño margen de elección para elegir su equipo de acuerdo con las necesidades específicas del centro. Pues esto ahora, de repente, a resultas del acuerdo con los sindicatos, ha quedado interrumpido. Volverá a primar la jerarquía de la antigüedad como el gran criterio centralizado para distribuir los destinos de los docentes.

¿Qué supone esto? Pues habrá centros (los concertados) que seguirán formando equipos con los perfiles más adecuados y habrá otros (los públicos) que permanecerán inmersos en una especie de lotería y debilitados, además, por una gran inestabilidad: cada curso, un tercio de los docentes de la pública cambia de centro. Es como si, en un mismo barrio, una tienda vendiera manzanas elegidas y la otra sólo pudiera ofrecer las que le vienen dadas por el distribuidor.

La pregunta recurrente a principio de curso en los centros públicos seguirá siendo: «¿A ver quién nos toca? A ver si tenemos suerte y viene alguien adecuado y con ganas de implicarse». Una pregunta que no se hacen las familias o los niños, sino los propios maestros. ¿Se puede llevar adelante así una escuela o un instituto? ¿Cómo puede funcionar bien un equipo en ese contexto? ¿Cómo puede ir bien un claustro -el lugar donde se debaten y consensúan las cuestiones educativas y organizativas- si su composición depende en buena medida del azar, si el propio equipo, bajo la batuta de la dirección, no puede buscar a unos profesionales adecuados para la tarea y el entorno?

La buena dirección es aquella que sabe implicar y motivar al conjunto de los maestros, la que da voz a todo el mundo dentro del claustro, la que cohesiona y crea identidad de centro. Por supuesto, una dirección con más facultades, si es autoritaria y poco dialogante, es un desastre. Pero la experiencia muestra claramente que la falta de liderazgo en los centros no funciona. El problema de muchas escuelas e institutos es que, con el sistema al que ahora se volverá, nadie quiere ser director porque implica mucho trabajo poco reconocido, renunciar a la docencia, asumir tareas burocráticas y, en definitiva, recibir responsabilidades y presiones sin capacidad de maniobra.

Esto es lo que se estaba empezando a cambiar en los últimos años. Ahora se da marcha atrás. Un desastre. ¿Alguien puede extrañarse que la imagen de la enseñanza pública empeore respecto de lo concertado?

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