Una financiación justa: la base del bienestar y del progreso
Los economistas firmantes, en representación del colectivo Economistas por el Bienestar, hemos estado siempre dispuestos a todo lo que condiciona el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Entre los principales ejes de nuestras acciones siempre ha figurado la financiación autonómica como uno de los pilares sustentadores de las políticas públicas que mayor incidencia tienen en este bienestar. Como colectivo hemos promovido varios pronunciamientos que han tenido un amplio eco público (2021, Cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cataluña; 2023, Cómo gestionar los recursos propios para mejorar el bienestar y la competitividad de Cataluña, con siete entidades empresariales, y 2024, Es necesario gestionar los recursos propios para mejorar el bienestar y la competitividad de Cataluña, con catorce colegios profesionales).
La financiación de la Generalidad de Cataluña es la base necesaria sin la cual no es posible que la sanidad, la educación, la protección social y las políticas de vivienda, infraestructuras e innovación estén al nivel que reclama y necesita la ciudadanía. En este sentido, la situación actual es claramente decepcionante e injusta. Nuestros servicios esenciales y las políticas que determinan nuestro futuro presentan profundas carencias que hacen que no sólo no se correspondan con el nivel esperable según el esfuerzo fiscal que realizamos, sino que, en muchos aspectos, están por debajo de regiones que no generan el mismo nivel de recursos ni practican ese esfuerzo fiscal, a menudo con prácticas temerarias. Por otra parte, los distintos sistemas de financiación actuales en el Estado (foral y común) son profundamente injustos por las desigualdades de recursos entre territorios que generan, incluso dentro del mismo régimen común, y muy especialmente si se tiene en cuenta el diferente coste de la vida.
Más allá de las diversas sensibilidades que como sociedad tenemos, el pacto de investidura firmado en su día reflejaba unas aspiraciones de mínimos que permitían conjugarlas con una idea de solidaridad interterritorial. Estas aspiraciones contemplaban una autonomía tributaria real en términos de gestión y liquidación de los ingresos fiscales generados en Cataluña, una clara y objetiva transparencia en las relaciones financieras entre Cataluña y el Estado y una solidaridad en la que quien la aporta no quede situado en peor posición que quien la recibe.
Nada de eso queda garantizado en el acuerdo entre los dos gobiernos firmado recientemente en el seno de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Se diluyen totalmente estas aspiraciones y quedan sustituidas por vaguedades y redactados inconcretos que, muy tememos, pueden acabar en una reedición con leves retoques del modelo vigente, en la que los actuales beneficiarios de las injusticias defenderán sus auténticos y reales privilegios. Las falsas y cínicas manifestaciones de algunos dirigentes políticos de España, más pendientes de sus propias estrategias que de la búsqueda de soluciones justas, no pueden confundirnos al conjunto de los catalanes.
Economistas por el Bienestar reclama el retorno a los conceptos y objetivos básicos que inspiraron, en materia de financiación, el pacto de legislatura y pide al gobierno catalán que no se conforme con un retroceso tan flagrante de los mínimos que entre fuerzas políticas diversas fueron acordados. Para los economistas firmantes es imprescindible incorporar el principio de ordinalidad; la recaudación y gestión de los tributos por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), inicialmente el IRPF en 2026; los criterios de distribución, y la concreción de las aportaciones al Estado por servicios prestados y por solidaridad interterritorial.
No se trata sólo de dinero. Se trata de los servicios y políticas que necesita y merece el país. Es decir, todos los ciudadanos sin distinción de colores políticos ni de procedencias.