Financiación: las perversiones de la solidaridad
La socialización española del acuerdo de financiación singular de la Generalidad de Cataluña firmado entre ERC y el PSC está resultando penosa. Penosa para Catalunya, penosa para ERC y para el PSC, penosa para el gobierno de Pedro Sánchez y para el PSOE, y penosa también para Junts. Quizá todas estas dificultades reforcen el espíritu de supervivencia de la mayoría de las que, juntos, disponen. Las voces que se han levantado desde el Partido Popular y desde las comunidades autónomas que gobiernan es atronador. No se quedan atrás las pocas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE e, incluso, ha aparecido el lendakari vasco en defender el carácter solidario de la cuota vasca.
Sin embargo, si filtramos el ruido, lo que nos queda es que ese déficit fiscal que se denunciaba desde Cataluña y que todo el mundo negaba, Ebre allá, resulta que es una medida bastante exacta, vista desde los superávits de las comunidades autónomas beneficiadas , de las transferencias que se realizan desde Cataluña a muchas comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió cuando se acercaba el 1 de octubre del 2017, cuando el miedo que se ponía en el cuerpo de muchos españoles derivaba de una utilización explícita de las estimaciones catalanas de déficit fiscal para calcular cuánto perdería cada comunidad autónoma. Ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, pese al cuidado tenido, primero por ERC al presentar el modelo de financiación singular y después por el PSC y el PSOE, cuando lo pactaron con ERC, al subrayar que Catalunya, a diferencia del País Vasco , realizaría una aportación a la solidaridad interregional.
Los criterios de igualdad entre los españoles predicados por la Constitución saltan por los aires cuando cada uno trata de conservar sus privilegios. Unos tienen regímenes singulares –o muy singulares–, otros han logrado que el régimen común siempre les sea extremadamente favorable, otros apuestan por aprovechar la capitalidad. Las comunidades autónomas del PP, además, rebajan impuestos, que los catalanes no pueden rebajar por escasez de recursos. Muchos disfrutan de la protección, contraria a la igualdad que supone recibir el dinero que “toca” pero teniendo un nivel de precios más bajo que la media, que permite estirar las transferencias del modelo de financiación. Todas las comunidades autónomas uniprovinciales pueden sumar los presupuestos de la comunidad y los de la Diputación. Las que han sido protegidas por criterios de población “ajustada” quieren blindar el suplemento de ingresos que la alteración de la cifra demográfica les da. El resultado final es que quien paga son los catalanes, baleares y valencianos.
Fijémonos en la solidaridad. Las aportaciones de solidaridad se justifican para ayudar a territorios más pobres a prepararse para estar en condiciones de convertirse en más ricos. Algunos, después de cuarenta años largos de estado de las autonomías, lo han conseguido, mientras que otros, nada. ¿Tiene sentido seguir haciendo aportaciones a la solidaridad si quienes la reciben no la consideran como un empujón para mejorar su productividad sino un derecho adquirido? ¿Tiene sentido hacerla a quienes ya han convergido e incluso superado los niveles de quienes les aportaban recursos? Los importes de inversión pública per cápita pueden ser mucho más altos, la capacidad adquisitiva mucho mayor, el bienestar netamente superior, pero el oprimido fiscalmente debe seguir contribuyendo. Es normal que el oprimido quiera poner un límite a lo que debe pagar. Un límite temporal y un límite cuantitativo.
Si los datos económicos son crudos y contundentes, todavía son más claros los datos sobre lo que propiamente llamamos estado del bienestar: la provisión de bienes y servicios públicos. Ya disponemos ahora de tres ediciones del cálculo del índice de progreso social, a nivel regional, para toda la Unión Europea (2016, 2020 y 2024). Gracias a esta enorme masa de información que no es económica en su naturaleza, sino el reflejo de los recursos empleados en mejorar el bienestar de la ciudadanía, medidos por el bienestar proporcionado, resulta que cada cuatrienio la posición de Cataluña –o sea, los ciudadanos que viven en ella– entre las comunidades españolas se deteriora de la cuarta posición económica (PIB per cápita) a la duodécima posición en progreso social. ¡Catalunya está por debajo de la media! Este progreso social se construye mediante, principalmente, la aportación de recursos públicos procedentes, en gran parte, de recursos catalanes. ¿Qué solidaridad puede darse en estas condiciones? ¿Por qué debería contribuirse solidariamente a comunidades autónomas que tienen unos índices de progreso social superiores a los de Cataluña?
¿Por qué la duodécima comunidad autónoma en progreso social debe ser la única que contribuya a la solidaridad con las cinco que están por debajo suyo? ¿Por qué no lo hacen las once por encima? La pregunta es simple y la respuesta es obvia: la duodécima comunidad autónoma no debe ser la que contribuya a las comunidades autónomas con menor progreso social si no lo hacen, en la proporción que toque, las que están por encima. De modo que Catalunya no debería pagar solidaridad a menos que las más acomodadas pagan lo que les toca proporcionalmente y si las que están por debajo no aprovechan las subvenciones masivas para prosperar.