Franquismo de extrema izquierda
Solo dos años después de la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1947, Evita Perón, primera dama de la entonces opulenta República Argentina, visitó uno de los países más aislados internacionalmente: la España de Franco. El peronismo fue quizás la forma más perfecta de populismo; la personalidad magnética de la esposa del general Perón se encargaba del resto. Nada más aterrizar en Madrid, declaró su intención de tener un contacto directo con los descamisados locales (la clase media argentina, en cambio, utilizaba a menudo el apelativo racista cabecitas negras). Pudo constatar la miseria de las enormes barriadas de chabolas, pero también hizo elogios de la política de vivienda que estaba poniendo en funcionamiento la dictadura.
En las últimas semanas se ha hablado mucho de la “renta antigua”. ¿Qué era, realmente? No se trataba de una ley específica sino del marco legal creado por las sucesivas leyes de arrendamientos urbanos (LAU) aprobadas durante el franquismo, sobre todo las de 1946 y 1964. Nacieron en un contexto de fuerte escasez de vivienda tras la Guerra Civil, y tenían como objetivo proteger a los inquilinos de la especulación y las subidas de precios. Su elemento central era la prórroga forzosa de los contratos. Cuando finalizaba el plazo pactado, el propietario no podía recuperar libremente la vivienda mientras el inquilino cumpliera sus obligaciones. En paralelo, las rentas quedaban sometidas a considerables limitaciones y muchos alquileres se mantenían casi congelados durante décadas. La legislación también permitía, en algunas circunstancias, la subrogación de familiares, hecho que alargaba todavía más la duración de los contratos. Hace poco todavía hemos visto un caso muy amplificado mediáticamente que ha acabado precipitando una convocatoria de elecciones.
El sistema proporcionó estabilidad residencial a millones de familias y evitó desahucios en una época marcada por el flujo migratorio del campo a la ciudad y, por tanto, por la falta objetiva de viviendas. "Ni un español sin pan, ni un hogar sin lumbre", repetía el régimen. Todo ello generó disfunciones importantes. Muchos propietarios obtenían rendimientos irrisorios y a menudo dejaban de destinar recursos al mantenimiento de los inmuebles, lo que contribuyó a la degradación del parque de viviendas y, sobre todo, redujo los incentivos para ofrecer nuevos pisos de alquiler. A partir de 1985, con el llamado decreto Boyer auspiciado por el PSOE, se eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, aunque los ya existentes continuaron protegidos. Más adelante, la ley de arrendamientos urbanos de 1994 mantuvo un régimen transitorio para los contratos antiguos y limitó progresivamente las subrogaciones, iniciando así el proceso de extinción de la mayoría de los alquileres de renta antigua.
A veces, las diversas leyes de arrendamientos urbanos del régimen franquista también adoptaron medidas destinadas a evitar que las viviendas permanecieran vacías. La necesidad de alojar a una población urbana que crecía exponencialmente llevó al Estado a considerar que la propiedad inmobiliaria debía tener una función social (en el sentido que le otorgaba al término el Auxilio Social, por ejemplo). En este marco, diversas disposiciones permitieron intervenir en viviendas desocupadas y, en circunstancias especiales, imponer su uso o favorecer su arrendamiento. Esto, por supuesto, no equivalía a una autorización general de la ocupación ilegal, tal como hoy se entiende el término. No se trataba de que cualquier persona pudiera entrar en una vivienda vacía y adquirir ningún derecho automático, sino de intervenciones reguladas dentro de una política pública de control del mercado de la vivienda en clave paternalista —de auxilio social.
La política de vivienda franquista combinaba dos ideas que no siempre son fáciles de ligar: la defensa encarnizada de la propiedad privada y una fuerte intervención estatal sobre el mercado inmobiliario (recordemos las plaquetas de metal con el símbolo de la Falange en las decenas de miles de bloques de pisos protegidos). El amparo legal a los inquilinos, la congelación de las rentas y la posibilidad de subrogación familiar reflejaban una concepción paternal y casi condescendiente de un problema real, el de la vivienda. Evidentemente, algunos promotores fueron a la suya, y ciertas concejalías de Urbanismo de pueblos y ciudades se convirtieron en verdaderas estructuras mafiosas. En todo caso, las sucesivas LAU entre 1946 y 1964 fueron las que fueron. Que ahora se reivindiquen en las plazas con otra fraseología renueva dolorosamente mi escepticismo sobre las potencialidades emancipadoras de la memoria colectiva.
