Los niños no votan
El próximo fin de semana iremos a votar a quien, con suerte, nos gobernará durante los próximos cuatro años. Quien definirá prioridades políticas con efectos que van más allá de una legislatura, desde nuestro modelo económico hasta la garantía de nuestros derechos. Decisiones que condicionan la sociedad en la que viviremos y también aquella donde crecerán los cerca de ocho millones de niños que todavía no pueden votar.
En Cataluña, criarlos cuesta, de media, 951 euros al mes, según el informe que Save the Children acaba de publicar a partir del análisis de KSNET. Y casi un 20% de los hogares catalanes con niños a cargo —unas 150.000— no pueden cubrir este coste ni destinando a ello toda su renta disponible. Crecer con menos recursos de los necesarios significa, por ejemplo, vivir en un piso demasiado pequeño —el 17% de los niños catalanes vive en una vivienda sobreocupada—, tener menos acceso a actividades educativas y de ocio y, en definitiva, menos oportunidades de futuro.
Esta vez, sin embargo, la infancia ha entrado en campaña. Desde las rebajas fiscales y los planes de natalidad del PP y Vox hasta las propuestas de ERC y del Frente Amplio, casi todos los partidos dedican medidas a ello. Incluso la prestación por crianza, que hasta hace pocos años era sobre todo una reivindicación de las entidades sociales y del mundo académico, ahora aparece en diversos programas electorales, incluido el del PSOE.
Ahora bien, no todas las propuestas para la infancia y las familias buscan lo mismo. Incentivar la natalidad, facilitar la conciliación o reducir los impuestos a los hogares con hijos e hijas son objetivos legítimos, pero no necesariamente reducen la pobreza infantil. El PP, por ejemplo, propone ampliar el mínimo familiar del IRPF. El PSOE plantea convertirlo en una ayuda reembolsable. El diseño importa: el primer caso beneficia a los hogares que pagan IRPF, pero deja fuera a los que tienen ingresos más bajos y no están obligados a declarar o no pagan suficiente cuota para beneficiarse de ello. Hacerlo reembolsable permitiría que la ayuda llegara también a estas familias, precisamente las que más la necesitan.
Pero con el diseño no es suficiente. Los partidos saben hacer promesas concretas cuando hablan de pensiones o de impuestos, con revalorizaciones y rebajas cuantificadas. En cambio, cuando hablamos de pobreza infantil, cuesta encontrar compromisos sobre hasta qué punto se quiere reducir, con qué recursos y en qué plazo. Y sin objetivos claros, difícilmente podremos exigir cuentas por los resultados. No partimos de cero: la Garantía Infantil Europea, su plan de acción estatal y la Estrategia catalana contra la pobreza infantil ya marcan el camino. Hay que convertir estos marcos en compromisos de gobierno con objetivos, presupuesto y calendario.
Los niños no votan, pero vivirán durante muchos más años con las consecuencias de lo que decidimos. No pueden premiar ni castigar en las urnas a los gobiernos que condicionarán sus oportunidades. Pero nosotros sí. Y de aquí a cuatro años deberíamos poder exigir una respuesta clara: ¿hemos conseguido que menos niños vivan en la pobreza?