La prestación universal por hijo/a ha vuelto al centro del debate público. La discusión se ha centrado sobre todo en el coste y la viabilidad presupuestaria. Pero mientras miramos a los números hay un dato que no se mueve: en Catalunya, más de uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Ante esto, quizá la cuestión no sea sólo si es necesaria o no una nueva prestación, sino ver qué modelo de apoyo público a la crianza tenemos, y para quien sirve.
A diferencia de otros países europeos, en los que una parte relevante del apoyo a las familias se articula a través de prestaciones directas, en España el gran grueso de las ayudas se ha canalizado a través del sistema fiscal. Es decir, en forma de reducciones y deducciones que disminuyen el impuesto a pagar. De hecho, el principal instrumento estatal de apoyo a la crianza es una figura fiscal: el mínimo por descendiente del IRPF. Se trata de una parte de la renta que no tributa y que se traduce en un ahorro fiscal para familias con hijos e hijas. Pero este ahorro sólo existe si se está obligado a presentar la declaración de la renta -es decir, si se tienen ingresos superiores a 22.000 al año, por ejemplo- y se tiene suficiente cuota a pagar.
Al no ser reembolsable, las familias con ingresos más bajos —las que no llegan a tributar o lo hacen por cuantías muy reducidas— no pueden beneficiarse plenamente, o directamente quedan fuera. Esto significa que el principal mecanismo estatal de apoyo a la infancia llega sobre todo a las rentas medias y altas. Sabemos que las transferencias directas son las herramientas más eficaces para reducir la pobreza infantil, y por eso, cuando el apoyo se canaliza principalmente a través de deducciones fiscales no reembolsables, la capacidad redistributiva se diluye y el Estado protege menos precisamente a quien más lo necesita.
Cuando criticamos la prestación universal a la crianza porque también llegaría a familias de rentas altas que "no la necesitan", vale la pena recordar que estas familias reciben ya hoy un apoyo público, solo que en forma de reducción de impuestos. El debate no es, por tanto, si queremos ayudar también a las rentas altas —que ya lo hacemos—, sino si estamos dispuestos a incluir en el sistema a las familias que hoy quedan excluidas.
Hacerlo no exige inventar una nueva política, sino corregir una asimetría del sistema actual. Convertir el mínimo por descendiente en una deducción reembolsable —y valorar extender la obligación a declarar a las rentas bajas— permitiría que el apoyo llegara también a quien no tiene suficiente cuota para desgravárselo, como ya ocurre con otras deducciones del IRPF, como las de maternidad, discapacidad y familia numerosa. En el fondo, la decisión es clara: o ampliamos el apoyo que ya existe o aceptamos que siga excluyendo a los niños que más lo necesitan.
