A raíz de Groenlandia, Ucrania y el futuro de la OTAN, estos días se habla mucho de las diferencias en política exterior entre Estados Unidos y Europa. Pero no podemos pasar por alto la brecha cada vez mayor que existe en política interna. A principios de año, la fundación Heritage, uno de losthink tanksmás influyentes de EE.UU., publicaba uninforme para "salvar a América salvando a la familia", mientras la administración Trump anunciaba la congelación temporal de los fondos federales destinados a servicios para niños y ayudas a familias. El tiempo y el coste de tener hijos se presentan como una responsabilidad que se resuelve principalmente dentro de los hogares, a menudo a cargo de las mujeres, con una presencia cada vez más reducida del soporte público.
En Europa, en cambio, la mayoría de países llevan décadas asumiendo que criar hijos tiene un coste privado pero un retorno colectivo. En la práctica, esto significa poner dinero público. Las políticas que reducen más la pobreza infantil son las que aumentan directamente los ingresos de las familias. No es una apuesta ideológica, sino un reiterado resultado empírico. El crecimiento económico de un país o encontrar trabajo no garantizan salir de la pobreza. Esto explica que hoy, en Cataluña, uno de cada tres niños y niñas viva en una familia en riesgo de pobreza o exclusión social.
Este diagnóstico hace tiempo que es conocido, e incluso compartido. Los datos sobre pobreza infantil llevan años aportados por las entidades del tercer sector y el mundo académico, y han acabado reflejados también en elEstrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil 2025-2030 de la Generalidad. Y no puede decirse que no se hayan tomado algunas medidas, como el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) del Estado. Pero los límites del modelo son evidentes: cerca del 80% de las familias que tendrían derecho no llegan a cobrarlo. No porque no cumplan los requisitos, sino porque el propio diseño de la ayuda deja fuera una parte muy importante de quien lo necesita.
En la Unión Europea sólo ocho países no disponen de una prestación por hijo o hija de carácter universal o casi universal. España es uno de ellos. En el resto, este soporte forma parte del paisaje habitual de la política social. Estudios recientes muestran que una prestación de este tipo aplicada aquí podría sacar de la pobreza a entre 400.000 y 500.000 niños y niñas. Es una política con un coste presupuestario relevante, en torno al 1% del PIB. Pero nada es mucho más caro: la pobreza infantil tiene hoy un coste económico estimado de aproximadamente el 5% del PIB anual.
El debate sobre una prestación universal para la crianza se abre además en un momento político favorable. En Cataluña la medida cuenta con un apoyo amplio en el Parlament, y en el Estado ha dejado de ser una idea marginal. El diagnóstico es compartido y la evidencia es conocida. Lo que queda por decidir es si la pobreza infantil se afronta como un problema colectivo o si se sigue dejando en manos de las familias. En EEUU, el debate sobre la familia avanza en esta segunda dirección, con menos apoyo público y mayor responsabilidad privada. Aquí todavía estamos a tiempo de hacer otra elección. En eso no debería darnos miedo alejarnos de EEUU.
