En 2023 se terminó con dos malas noticias sobre el estado de nuestra infancia y juventud. Por un lado, UNICEF nos avisaba de los altos niveles de pobreza infantil. Somos líderes de la UE, con más de uno de cada cuatro niños y niñas que viven en situación de pobreza y no tienen acceso a las comodidades más básicas. Por otra parte, los datos conocidos a finales de diciembre sobre la última Encuesta en la juventud de Cataluña señalan que la tasa de emancipación de nuestros jóvenes no deja de caer. Sea cual sea su trayectoria personal, quieran o puedan trabajar o estudiar, o vengan de familias más o menos acomodadas, el común denominador de las personas jóvenes en Cataluña es que viven en casa sus padres. Este retraso en la emancipación afecta no sólo a su proyecto vital como adultos y decisiones tan relevantes como la maternidad, sino también a su salud mental.
2023 nos trajo también cambios en cómo la política ve y se siente interpelada por las condiciones de vida de nuestros jóvenes. A nivel estatal, tenemos la creación del Ministerio de Infancia y Juventud por parte del nuevo ejecutivo de Sánchez. Un mandato estatal para la ministra Rego de mejorar la vida de los niños, niñas y jóvenes, reduciendo así la actual desigualdad entre generaciones. Y en Cataluña, con el acuerdo de la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil, donde, en palabras del consejero Carlos Campuzano, combatir la pobreza infantil se convierte en una prioridad de país.
En 2024 le pediría que todos entendiéramos los altos costes que tiene la pobreza infantil. Los niños y niñas, sólo por el hecho de experimentar situaciones de pobreza mientras crecen, ven afectado su desarrollo. Muy probablemente sacarán peores notas a la escuela, encontrarán peores trabajos —y peor pagados—, y se enfrentarán a situaciones de estrés que afectarán a su salud física y emocional, con menos recursos para ponerle solución. Y también es un coste por todo el país, que no sólo perderá en productividad y recaudación impositiva, sino que tendrá que gastar más en servicios públicos.
Y en concreto, y confiando en la magia de estos días, pediría terminar el 2024 con dos medidas que mejorarían —y mucho— el día a día y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Primero, la creación de una prestación universal en la crianza, que reduzca el impacto de tener hijos como gran predictor de la pobreza de las familias. Y establecer como límite para solicitar las prestaciones de ingresos mínimos -como la Renta garantizada de ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital- los 18 años, y no una edad aleatoria como los 23, exigiendo garantías de independencia previas. Penalizar a las personas jóvenes por el simple hecho de serlo, y no ayudar a las familias en la crianza, sólo aumenta una desigualdad cada vez más persistente. Tenemos los instrumentos para reducir las tasas de pobreza infantil y juvenil, eliminando también obstáculos ante la decisión de tener un niño, e invirtiendo en justicia social y eficiencia económica. No podemos dejarlo todo en la magia, nos jugamos el futuro.
