Trump desafía a los tribunales con la deportación de más de 200 venezolanos en El Salvador
La Casa Blanca insinúa que ignoró la orden judicial que ordenaba cancelar el vuelo y discute la autoridad de las órdenes verbales del juez


WashingtonLa Casa Blanca quiere ver hasta qué punto el poder judicial realmente tiene recursos para frenar al ejecutivo. La administración Trump ha insistido en que el vuelo de deportación para enviar más de 200 venezolanos sin papeles en las cárceles de El Salvador este fin de semana despegó antes de que el juez emitiera la orden para bloquearlo. Aún así, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha insinuado este lunes que en realidad se ignoró el freno judicial, al cuestionar la autoridad del orden verbal que dio el magistrado antes de emitir la escrita.
"Todos los vuelos sujetos a la orden escrita emitida por este juez ya habían despegado del suelo estadounidense antes de que el juez escribiera esta orden", ha dicho Leavitt. Pero cuando un periodista le hizo notar que el juez ya había emitido una orden verbal antes de que el vuelo saliera de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca respondió: "Bueno, hay cuestiones reales sobre si una orden verbal tiene el mismo peso como orden judicial que una orden escrita. Y nuestros abogados están decididos a resolver estas cuestiones en el tribunal".
El juez de Washington James Boasberg, que es quien emitió la orden para bloquear las deportaciones, ha convocado a una audiencia este lunes para pedir por qué su resolución, aparentemente, ha sido ignorada por la Casa Blanca. El Departamento de Justicia ya ha defendido en los argumentos orales que "una orden verbal no se ejecuta como una orden judicial [escrita]". El abogado del gobierno, Abhishek Kambli, se ha negado a responder a ninguna pregunta detallada sobre los vuelos de deportación y ha defendido que Trump tenía amplia autoridad para expulsar a inmigrantes poco o ningún proceso legal, de acuerdo con la ley de Enemigos Extranjeros. Boasberg ha dado hasta el martes el mediodía para que el gobierno estadounidense certifique por escrito que ninguna persona había sido deportada después de que la orden escrita entrara en vigor. Se trata de una información clave para determinar si finalmente se desobedeció su autoridad.
El enfrentamiento para determinar si Trump ha deportado a los migrantes ignorando el orden judicial supone una escalada significativa, y grave, en el desafío del nuevo gobierno a la separación de poderes. Antes de que empezara la audiencia, el Departamento de Justicia intentó cancelarla y en un movimiento aún más extremo, Justicia pidió al tribunal de apelaciones federal que supervisa al juez que retirara a Boasberg del caso.
El sábado por la tarde, Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1789 para acelerar las deportaciones de migrantes vinculados a bandas criminales como la venezolana El Tren de Aragua y la salvadoreña MS13. Entre otros efectos, la norma prácticamente deja sin proceso judicial con garantías a las personas a las que se aplica, por lo que, horas después, Boasberg resolvió bloquear su activación y frenó todos los vuelos de deportación bajo la aplicación de la ley, ya que podía provocar "daños irreparables" en los migrantes afectados.
Pese al orden cautelar, el secretario de Estado, Marco Rubio, el domingo por la mañana hacía público que más de 250 venezolanos habían sido deportados a El Salvador bajo la categoría "de enemigos extranjeros" al estar, supuestamente, vinculados al grupo criminal El Tren de Aragua. Los familiares de tres venezolanos que en febrero fueron deportados a Guantánamo por ser miembros de El Tren de Aragua denunciaron que se les había acusado falsamente sólo por tener tatuajes. En el aire está la cuestión de si las más de 250 personas que han sido deportadas de forma exprés al país centroamericano han pasado un proceso judicial justo. El Salvador es conocido por tener un sistema penitenciario que vulnera los derechos humanos, con prisiones superpobladas donde se agolpan las personas dentro de las celdas.
En la rueda de prensa, los periodistas han preguntado a Leavitt qué criterios se utilizan para demostrar que las personas deportadas forman parte de El Tren de Aragua , además de basarse en los tatuajes, y no se trata de personas inocentes, que, por error, han sido enviadas a unas de las cárceles más duras. La portavoz de la Casa Blanca ha respondido que utilizan "información" y el "trabajo de los hombres y mujeres en el terreno que bajo la anterior administración tenían las manos atadas".
Según publica este lunes el diario venezolano El Estímulouno de los venezolanos deportados a El Salvador es un chico de 24 años que responde al nombre de Francisco y entró de forma irregular en EEUU. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comprobó, cuando le detuvo en el 2024, que el joven carecía de antecedentes penales, pero según explica la familia al medio, como lleva un tatuaje y dijo que creció en Maracay, donde opera la banda, le vincularon con El Tren de Aragua. La familia había perdido el contacto con él durante el fin de semana, hasta que vieron las fotos del vuelo de deportación y le reconocieron.
Venezuela ha denunciado este lunes que el traslado de los más de 200 venezolanos a El Salvador, el domingo, es un "vulgar secuestro" y ha dicho que esta operación se llevó a cabo sin el debido proceso ni garantizar sus derechos humanos. Venezuela pedirá a sus ciudadanos que no viajen a Estados Unidos, puesto que "no es un país seguro".