La Casa Blanca dice que el vuelo de deportación de migrantes a El Salvador salió antes de que el juez lo prohibiera

WashingtonLa portavoz de la Casa Blanca, ha negado este domingo que la administración desobedeciera al juez que paralizó la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, en aplicación de una ley decimonónica rescatada por Trump. Ciudadanos venezolanos acusados ​​de pertenecer a la organización mafiosa Tren de Aragua fueron deportados el sábado pese a un juez de Columbia había detenido cautelarmente la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, del siglo XVIII, que Trump había invocado para justificar la expulsión. Después de que el autócrata de El Salvador, Nayib Bukele, mostrara imágenes de la llegada del vuelo de deportación, que había sido anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio, la Casa Blanca aseguró que el vuelo había salido de Estados Unidos antes de que el juez lo prohibiera y dijo estar dispuesto a llevar el tema hasta el Tribunal Supremo, de mayoría.

El sábado, después de que la Casa Blanca invocara la ley de enemigos extranjeros, un juez federal de Washington suspendió temporalmente la ley y ordenó que cualquier avión con migrantes que hubiera salido de Estados Unidos bajo la orden de Trump debía volver atrás. Pero las autoridades han echado por el derecho y han materializado la deportación después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreciera en Washington la posibilidad de utilizar sus prisiones para deportar a migrantes a cambio de una "tarifa".

"Hemos enviado a dos líderes principales peligrosos del MS-13, a más de 21 de los más buscados, para que se enfrenten a la justicia en El Salvador", ha escrito este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio. "También, como prometió el presidente, hemos enviado a más de 250 extranjeros enemigos miembros del Tren de Aragua que El Salvador ha aceptado tener en sus muy buenas prisiones a un precio justo".

El régimen de Bukele lleva tiempo en el punto de mira por las prácticas que violan los derechos humanos. En septiembre del año pasadola Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicaba un informe sobre el estado de excepción en El Salvador en el que relataba toda una serie de acciones en el sistema penitenciario que recogían desde detenciones sistemáticas sin pruebas hasta celdas llenas a rebosar de presos sin agua ni comida. En algunas de las prisiones de Bukele ha habido denuncias de asesinatos, aunque el régimen centroamericano siempre ha querido vincular a las muertes a causas naturales. El informe del CIDH, por el contrario, reportaba casos de estrangulaciones en las prisiones salvadoreñas.

A su vez, Bukele ha compartido una fotografía de la noticia con el bloqueo judicial y escribía junto a un emoji que se ríe: "Ups... Demasiado tarde". En otro tuit, Bukele compartía un vídeo de tres minutos en las redes sociales en las que se veía a hombres esposados ​​bajando de un avión durante la noche y siendo conducidos a la cárcel. El vídeo también muestra a funcionarios penitenciarios afeitando el jefe de los presos. El presidente salvadoreño escribía: "Hoy han llegado a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua".

Para acelerar sus planes de deportación de sinpapeles, Trump ha intentado recuperar una ley que en los casi 250 años de historia estadounidense sólo se ha invocado en tiempos de guerra. El sábado por la tarde, cuando nadie miraba, la Casa Blanca activó la ley de enemigos extranjeros para facilitar las expulsiones de los migrantes venezolanos. Pero esa norma del siglo XVIII sólo estuvo vigente un par de horas. Poco después un juez federal de Washington emitió una orden para bloquearla cautelarmente. Que el vuelo ahora haya llegado a El Salvador plantea un escenario en el que Trump puede haber ignorado una orden judicial explícita, escalando su campaña para desafiar al poder judicial.

Desde su mitin de campaña en Aurora (Colorado) que Trump ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar esta ley, que sólo se ha activado durante la guerra contra los ingleses en 1812, durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se esperaba que lo anunciara el viernes durante su discurso desde el departamento de Justicia, en el que se autodefinió como "el principal responsable de la aplicación de la ley" en EEUU, aunque ese rol corresponde al Tribunal Supremo. Por último, lo hizo el sábado por la tarde, publicándolo en la web de la Casa Blanca y sin comunicarlo a la prensa, como sí se ha hecho con las órdenes ejecutivas y otras acciones del gobierno hasta ahora.

La invocación de la norma cogió a contrapié incluso a los tribunales, que tuvieron que convocar a una audiencia de última hora. El juez James E. Boasberg resolvió bloquear la aplicación de la ley de forma cautelar y ordenó detener cualquier deportación que se hubiera activado bajo la directiva. El magistrado considera que no entra dentro del campo de acción del poder presidencial y señala que puede causar un daño irreparable, "pues estas personas serán deportadas, y muchos o la gran mayoría acabarán en prisiones en otros países o serán enviados a Venezuela, donde se enfrentan a persecución o algo peor". Por eso el juez pedía al departamento de Justicia que cumpla "inmediatamente" la resolución temporal.

La norma se creó cuando Estados Unidos estaba a punto de entrar en guerra con Francia, en 1789, y se temía que los extranjeros o no ciudadanos que vivían en el país pudieran acabar simpatizando con los franceses. Pese a ser nombrada ley de enemigos extranjeros, se trata de un paquete de directivas que establecen el requisito de haber residido en el país entre 5 y 14 años para poder ser considerado un ciudadano estadounidense. Este criterio da más margen al gobierno para detener, encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Además, la norma también convierte en delito que los ciudadanos estadounidenses "impriman, pronuncien o publiquen... cualquier escrito falso, escandaloso y malicioso" sobre el gobierno.

En el texto publicado por la Casa Blanca se justifica la invocación de la ley como una herramienta para deportar a migrantes venezolanos relacionados con la organización criminal Tren de Aragua (TdA, según las siglas utilizadas por el gobierno de EE.UU.): "Proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros de TdA, se encuentren dentro de Estados Unidos y no sean en realidad tos, asegurados y expulsados ​​como enemigos extranjeros".

Al menos tres personas de nacionalidad venezolana han sido detenidas y enviadas a Guantánamo bajo el argumento de estar relacionadas con la banda criminal, aunque sus familiares denuncian lo contrario. Estas personas no tienen un historial criminal que les asocie con el Tren de Aragua, como asegura el gobierno, que no ha proporcionado información pública sobre los detenidos. El único rasgo común que compartían los tres hombres detenidos es que tenían tatuajes.

Trump ha calificado a las personas relacionadas con la banda del Tren de Aragua como "lo peor de lo peor" y ha convertido al grupo criminal en uno de los principales elementos de sus discursos xenófobos para criminalizar a los migrantes que llegan a Estados Unidos. La invocación de la ley de enemigos extranjeros supone una nueva escalada en la campaña de miedo contra la comunidad migrante, que se ha convertido en uno de los principales blancos de la agenda ultra del presidente estadounidense.

A finales de febrero la administración Trump dejó solos a los menores migrantes no acompañados ante los jueces que ordenan sus deportaciones. El gobierno ordenó cortar la asistencia legal para unas 26.000 criaturas, incluyendo a las que han sido "víctimas de tráfico", según denunciaban las ONG.