Las cárceles del horror: así son los centros de El Salvador donde Trump ha deportado a migrantes venezolanos

BarcelonaEl presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha recibido el apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su particular "guerra contra las pandillas". En un gesto sin apenas precedentes en la historia, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar al país centroamericano 238 reclusos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Sin especificar si estaban condenados o qué delitos se les acusa, fueron arrastrados desde un avión por hombres fuertemente armados. Encadenados de pies y manos, fueron conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde los hicieron arrodillarse y los raparon al cero mientras les obligaban a dar su nombre. Acto seguido, fueron introducidos en una de las grandes celdas de ese mega penal inexpugnable de Tecoluca, a ochenta kilómetros de la capital del país centroamericano.

Esta prisión es el proyecto estrella de la política represiva emprendida por Bukele desde que llegó al poder en el 2019, con el objetivo de acabar con las pandillas. Custodiado por cientos de militares y policías, el Alcatraz de El Salvador pretende albergar a 40.000 pandilleros, si bien actualmente están recluidas 14.500 personas, a las que se acaban de sumar los integrantes del Tren de Aragua.

El acuerdo entre Bukele y Trump coincide con el tercer aniversario del Régimen de Excepción en El Salvador, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente salvadoreño (Nuevas Ideas), ha ido prorrogando mensualmente hasta 36 ocasiones esta medida que surgió como respuesta a una matanza de 92 personas perpetrada por las pandillas en sólo tres días.

Este régimen, que suspende varios derechos constitucionales, se ha traducido en la detención de más de 85.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estos grupos criminales, lo que ha triplicado a la población carcelaria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que existe un hacinamiento de hasta un 300% en las 23 prisiones del país, que se han convertido en un infierno para los reclusos. Además, muchos de ellos ni siquiera han sido juzgados.

Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario elevan a 374 la cifra de personas privadas de libertad que han muerto en centros penales, incluidos cuatro bebés, aunque considera que el dato real puede rondar las 1.000 en los últimos tres años. A pesar de estas denuncias, el Régimen de Excepción es la política represiva que hizo subir a Bukele a un segundo mandato, después de ser reelegido por una inmensa mayoría en febrero del año pasado, aunque varios artículos de la Constitución lo prohibían.

La población avaló así el Plan de Control Territorial puesto en marcha por el mandatario desde que asumió el primer mandato, con el que pretendía hacer un pulso sin precedentes a los 70.000 miembros de las pandillas que seguían en las calles y que han causado 120.000 muertes violentas en los últimos treinta años. Por eso militarizó las calles cerrando municipios enteros con soldados y policías para identificar y detener a personas sospechosas.

En el segundo discurso de investidura, el presidente llegó a decir que había conseguido que su país se hubiera "liberado del cáncer de las pandillas y la inseguridad" y se hubiera convertido en el "más seguro de todo el hemisferio occidental, con una reducción del 97% de los homicidios".

"Tirania total"

El coste en términos democráticos ha sido muy elevado, según la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, quien advierte en declaraciones al ARA de que El Salvador se ha convertido en una "dictadura", dado que "todo el poder se concentra en Nayib Bukele, que manda en la Asamblea". "Ahora mismo incluso está prácticamente extorsionando a los gobiernos locales diciéndoles qué deben hacer", censura.

Para Escobar, el país se encamina hacia una "tiranía total" en la que incluso "se están persiguiendo defensores de derechos humanos", a los que se "criminaliza" por su labor, mientras que los poderes están "cooptados, incluso el Tribunal Supremo Electoral, que es la única esperanza". Por otro lado, critica que el Régimen de Excepción supone un "verdadero retroceso" en materia de derechos humanos, dado que "hay más de 25.000 personas inocentes que han ido a parar a los centros penales". Escobar recuerda que el propio Bukele ha reconocido que ya han dejado en libertad a 8.000 personas que habían estado en prisiones como Izalco, donde "hay pandilleros activos condenados por feminicidio, homicidio, extorsión, secuestro o violaciones".

Por último, estima que la llegada de criminales extranjeros a El Salvador comportará demandas internacionales, ya que "se están saltando decisiones judiciales de la administración de justicia de EEUU". Sin embargo, opina que al gobierno " económica. Al mismo tiempo, se garantiza que los líderes pandilleros deportados "no confiesen" en los juicios pendientes en Nueva York los "pactos" logrados con Bukele durante el Plan de Control Territorial.

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