"Antes no podía ni asomarse por la ventana": los salvadoreños que avalan la mano dura de Bukele

Soyapango (El Salvador)Es mediodía y el sol brilla con fuerza. Unos niños juegan al escondite mientras sus risas y gritos inundan un descampado de La Campanera, un barrio del municipio de Soyapango, en el este de El Salvador. A sus espaldas, a sólo unos metros, una casa completamente en ruinas refleja la violencia que hasta hace un par de años atemorizaba a los habitantes de la zona.

Sin perder de vista a los niños, América Argueta, abuela de dos de las menores, explica que, antes, debido a las altas cifras de criminalidad, los niños no podían realizar actividades tan cotidianas como divertirse en la calle. Algunos no iban a la escuela porque las madres tenían miedo de que les pudiera pasar algo durante el trayecto. “Siempre teníamos que ir con cuidado. E intentar respetarnos unos a otros por no tener problemas”, recuerda con tristeza.

Durante años, La Campanera estuvo controlada por la banda conocida como Mara Barrio 18, un grupo juvenil que vivía mayoritariamente de la extorsión y venta de drogas. El barrio se convirtió en uno de los más peligrosos de El Salvador, país que en 2015 llegó a tener una de las cifras de homicidios más altas del mundo, con 104 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El lema "Ver, oír y callar" era la ley no escrita que gobernaba La Campanera. Sus habitantes la acataban sin reparo. El barrio también se hizo conocido porque fue el escenario del documental La vida local, dirigido por el periodista francoespañol Christian Poveda. Los protagonistas, integrantes de la mara, terminaron asesinándolo.

En marzo del 2022 El Salvador sufrió 62 homicidios en un solo día. La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales de la población, como la libertad de reunión y asociación o ser asistido por un abogado en caso de detención. Además, los arrestos sin audiencias judiciales se alargaron de 3 a 15 días. Aunque estaba previsto que tuviera una duración de un mes, el estado de excepción se ha extendido en 31 ocasiones, convirtiéndose en una de las políticas más destacadas del presidente Nayib Bukele, que actualmente gobierna un segundo mandato aunque la Constitución prohíbe que un presidente sea reelegido. El propio Bukele aseguraba este viernes que este octubre ha sido el más seguro de la historia del país.

Una sola entrada y salida

Debido al régimen de excepción, varios militares recorren todos los días las estrechas calles de La Campanera, que sólo tiene una entrada y una salida. La vegetación que rodea la zona facilitaba que, antiguamente, los criminales pudieran esconderse. Los uniformes con tonos de camuflaje de las autoridades y sus fusiles contrastan con los colores llamativos de los murales que adornan algunas fachadas del barrio.

Cerca del descampado donde juegan los niños, un artista hace los últimos trazos de un chimpancé. Ya no quedan los agujeros de las balas en las paredes; los dibujos esconden los grafitis de frases y símbolos que en un pasado no muy lejano aludían al Barrio 18. Ahora las calles se ven tranquilas. "Estoy muy contenta, porque antes no podía ni asomarse por la ventana. Por la calle pasaban personas que no eran buenas", dice Silvia, una de las niñas que juegan a la calle y que sólo salían para ir a la escuela .

Los gritos de los niños se mezclan con el ruido de las máquinas de unos trabajadores que limpian los restos de una de las casas destroyer, viviendas deshechas que eran los lugares donde las bandas se organizaban y cometían crímenes. Según el ministerio de Vivienda, más de 500 hogares de La Campanera fueron "usurpados" por los maras.

Meisy Navas lucha cada día por transformar el barrio. Además de ser una de las vecinas más conocidas entre la comunidad, trabaja para la municipalidad del distrito de Soyapango. Explica que, como parte del Plan Control Territorial del gobierno, hace cuatro meses que empezaron a recuperarse las casas destroyer y las zonas verdes. Comenta que también se construyeron algunos espacios infantiles y se pintaron murales para borrar los vestigios de las bandas.

Unas actividades a las que se han sumado organizaciones como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que está construyendo una casa comunal para los vecinos. La organización señala en un comunicado que, entre otras consecuencias, los habitantes de La Campanera tuvieron que afrontarse durante años en "las fronteras invisibles impuestas por las bandas, que impedían la participación en actividades y la convivencia entre los vecinos".

"Primero tenías que pedir permiso a otras personas para poder llevar proyectos", dice Navas, que no menciona la palabra pandilleros. Como si fuera un tabú, otros entrevistados tampoco la pronuncian. "Al final no nos daban el consentimiento para poder trabajar porque la comunidad era de ellos. Ahora ya no. Ahora es nuestra", dice la joven.

A sólo unas calles, Xiomara Cardona saluda a los vecinos con una gran sonrisa. Desde su pequeño negocio, donde vende productos como pan dulce, huevos, patatas fritas, tamales y café, se prepara para una nueva jornada laboral. Vecina del barrio desde 1999, explica que en el 2010 fue parte de los salvadoreños que tuvieron que marcharse de forma forzosa. "Era muy difícil para los comerciantes, porque si no se colaboraba, debido a la misma extorsión, no podía soportarse una situación así". Las maras solían reclamar a los empresarios un impuesto económico conocido popularmente como la renta. Tras la implementación del régimen de excepción, Cardona regresó a La Campanera. Con su trabajo mantiene a su marido, gravemente enfermo.

Política de mano dura

Según cifras del gobierno, desde marzo del 2022 se han detenido a más de 80.000 presuntos miembros de las maras. Los expertos creen que la política de mano dura es uno de los motivos de los altos índices de aprobación de los que disfruta Nayib Bukele, que en febrero fue reelegido con una mayoría abrumadora. Su popularidad ha traspasado fronteras, y países de la región como Honduras o Ecuador, con altas cifras de criminalidad, han puesto en práctica medidas similares.

Activistas e instituciones que luchan por los derechos humanos ponen en duda la gestión de Bukele. La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señala al suyo Informe mundial 2024 que, desde que el régimen de excepción entró en vigor, "las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso". También lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el documento El Salvador: estado de excepción y derechos humanos, donde expresa preocupación, entre otros, por "la aplicación excesiva de la prisión preventiva".

En La Campanera los vecinos están satisfechos. Mientras unas mujeres preparan las tradicionales pupusas, un grupo de trabajadores baja de un autobús que suelta un bocadillo de humo espeso a su paso. Xiomara Cardona arregla el pequeño escaparate de su tienda. "Espero que el gobierno central no baje la guardia en cuanto a la seguridad. En estos barrios debe haber seguridad constantemente". Bukele ha planteado eliminar el estado de excepción, pero por el momento seguirá vigente hasta el 7 de noviembre.