Gente sin casa, casas sin gente

La Comisión Europea ha asumido que la crisis de la vivienda es una prioridad europea y, como primer paso para hacerle frente, dio a conocer la semana pasada la propuesta del affordable housing act, la ley europea de la vivienda asequible, cuyos detalles pueden leer en la crónica de Núria Sala Ventura para este diario. No es que en Bruselas haya habido un paso de bolivarianismo. Pero sí que han tomado conciencia de que el hecho de que un millón de europeos no tengan casa donde vivir, mientras un 20% del parque habitacional disponible dentro de la Unión Europea está vacío, es una situación de urgencia. El precio de compra de una vivienda en los países comunitarios ha subido, en los últimos diez años, más de un 60%, y los precios del alquiler, un 20%. Además de ser una situación de urgencia, es una situación insostenible, injusta... e ilegal: el derecho a la vivienda digna es un derecho social básico (en el estado español es un derecho constitucional) que a menudo se ve vulnerado, o negado, por las imposiciones del mercado. Esta ley europea de vivienda –impulsada por la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión, y por el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen– pretende precisamente aquello que se ha dicho tantas veces que no era recomendable (y según algunos, ni siquiera posible), y que ahora la realidad demuestra que es necesario: intervenir el mercado, ponerle límites y topes para evitar que caiga en inercias especuladoras.Por eso la ley propone medidas tales como limitaciones legales a la compra de segundas residencias o viviendas de carácter no habitual en aquellas regiones catalogadas como zonas tensionadas. También, imponer penalizaciones a los propietarios que mantengan pisos o casas vacíos, para forzar su salida al mercado. La nueva propuesta de ley insiste, eso sí, en impulsar la construcción de nuevas viviendas para aligerar el mercado (si bien es cierto que habla de promover operadores diferentes de los tradicionales, tales como cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, en vez de las grandes constructoras de siempre). Son más interesantes en este sentido avances como la ley ZAN (zero artificialisation nette), de Francia, que se propone no construir ni un metro cuadrado más de suelo rústico y trabajar, en cambio, en la rehabilitación, la reutilización y la transformación de todo lo que ya se ha construido.La propuesta europea sintoniza bien con la prohibición de los pisos turísticos por parte del Ayuntamiento de Barcelona, o con las penalizaciones por tener pisos vacíos vigentes en Cataluña desde hace cuatro años. En Baleares, por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, ha declarado que “no le cabe en la cabeza” que un mallorquín “no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio”. Dentro de la cabeza del portavoz no caben demasiadas cosas (el informe PISA deja a Baleares a la cola del estado español, que a su vez está a la cola de Europa en materia educativa, y eso se nota también en los gobernantes). Qué no dirá cuando se entere de que la mayoría de mallorquines no pueden ni pensar en comprarse una primera vivienda en ningún municipio.