La gestión del aeropuerto de Barcelona
Aena se enroca. El presidente de AENA, Maurici Lucena volvió a cerrar el pasado jueves la puerta a cualquier traspaso o cogestión real del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y, como mucho, aceptó estudiar para Catalunya un órgano parecido al vasco: bilateral, sí, pero solo consultivo y sin capacidad decisoria. La red aeroportuaria se dirigirá desde el centro, con criterios unificados, y las comunidades pueden ser escuchadas, pero no deciden.
Aena defiende que la gestión integrada de la red aeroportuaria española permite coordinar inversiones, tarifas, operación y planificación del conjunto, y recuerda que el 49% de su capital está en manos privadas, por lo que cualquier cesión de gestión abriría un conflicto político, regulatorio y probablemente judicial.
Desde la lógica directiva, el argumento es comprensible. Desde la lógica territorial, no. Hoy un aeropuerto ya no puede verse solo como una infraestructura de transporte. Es una palanca económica de primer orden. Ordena flujos turísticos, conecta ecosistemas empresariales, condiciona congresos, inversión, talento y proyección internacional. Y todo eso impacta sobre un territorio concreto, no sobre una abstracción administrativa. El aeropuerto pertenece a una red, pero sus efectos recaen sobre una ciudad, una región y un modelo económico determinados.
Ahí Catalunya tiene toda la razón en reclamar más que ser consultada. Si la Generalitat quiere orientar su política turística, necesita intervenir sobre uno de sus principales canales de entrada. No puede diseñarse una política territorial de turismo o de promoción de determinados mercados internacionales, si no incides sobre la infraestructura que condiciona esos movimientos.
La gestión centralizada puede tener sentido en aspectos tales como seguridad, navegación aérea, coordinación técnica de la red, homogeneidad regulatoria... Nadie discute eso. Pero el efecto económico de un aeropuerto debe decidirse en su gobierno autonómico. Ahí es donde el modelo español se equivoca.
El aeropuerto de Barcelona necesita dirección estratégica vinculada a los intereses de Catalunya. El papel que debe jugar Barcelona como hub empresarial, ferial y científico corresponde a los catalanes.
Si un territorio soporta los costes urbanísticos, ambientales, económicos y sociales de un aeropuerto, debe tener capacidad de intervenir en su orientación. La Europa económica de hoy funciona cada vez más por regiones metropolitanas, por polos logísticos, por sistemas productivos territoriales. Seguir tratando los aeropuertos como una pieza que se mueve solo desde Madrid responde a una idea antigua del poder y a una visión demasiado centralizada de la economía.