Inmigración, vivienda y estado del bienestar
Al final del año del centenario de Francesc Candel, el cruel desahucio instado por el alcalde de Badalona contra 400 personas migrantes ha visualizado la cruda situación de mucha gente que ha venido a trabajar ya buscar una vida digna. Al igual que muchas personas que, a lo largo de la historia, han forjado Cataluña ya quien el autor deLos otros catalanes dio voz.
La inmigración vuelve a estar en el centro del debate. Y no es casual que sea justamente ahora que la extrema derecha se dispara en las encuestas. Justo ahora que la UE quiere endurecer las políticas migratorias. Y justamente ahora que Donald Trump quiere hacernos comulgar con las ruedas de molino de su Estrategia de Seguridad Nacional: "En todos los países del mundo, la migración masiva ha puesto a prueba los recursos nacionales, ha aumentado la violencia y la delincuencia, ha debilitado la cohesión social, ha distorsionado los mercados laborales y ha comprometido la seguridad nacional".
No es esto lo que dice la realidad de nuestro país ni todos los estudios recientes. En Transición demográfica, inmigración y envejecimiento en Cataluña 2024-2050, el economista de la UAB Josep Oliver explica que necesitamos y vendrán, en la próxima década, 100.000 personas migrantes cada año. Algo similar dice el estudio de Fomento España de los 50 millones de habitantes. Ante esto, es tan peligroso cerrar los ojos como realizar un análisis sesgado.
Lo hace el economista Miquel Puig cuando, en las páginas del ARA, sostiene que "la inmigración poco remunerada -la que atraen a nuestro turismo, nuestra agricultura y nuestros servicios de atención personal- socava el estado del bienestar, dado que los impuestos y contribuciones sociales que estas personas soportan son inferiores al coste de los servicios que recibirán a lo largo de su vida". Y lo hace cuando, citando el estudio de Fomento, culpa a la inmigración de haber "generado un déficit de 0,5 millones de viviendas que ha tenido que ser cubierto mediante la reconversión de segundas residencias". Es necesario más rigor y menos alarmismo cuando el debate sobre la inmigración se dirime en espacios sociales, académicos y comunicativos.
Las personas recién llegadas aportan más al sistema de lo que detraen. Desde 2010, el 95% de los trabajadores incorporados a la población activa de Catalunya (cerca de medio millón) son nacidos fuera de España, pero han contribuido al 80% del crecimiento económico español desde antes de la pandemia. Lo dice el Banco Central Europeo. Y aunque el porcentaje de irregularidad es de un 25% entre los extracomunitarios, es significativo que los trabajadores extranjeros representen a uno de cada tres nuevos afiliados a la Seguridad Social desde 2013. Lo dice el estudio de la Fundación Cipriano García Los otros catalanes y catalanas del siglo XXI.
En resumen: las personas migrantes cotizan. Y, aunque a menudo son explotadas sin salarios dignos, contribuyen a un estado del bienestar al que tienen tan derecho como todo el mundo. En un país de baja natalidad, es necesario acompañar el aumento demográfico venido de fuera de un incremento redistributivo de la inversión pública. Y esto es posible porque la economía y los beneficios empresariales crecen. Sólo hace falta voluntad política para hacer pagar más a quien más gana y para revertir recortes en educación, salud, cuidados y demás servicios públicos.
El reto es mayúsculo en vivienda, el primer problema del país y el derecho más olvidado del estado de bienestar. En Catalunya se construyen 13.000 pisos anuales, la tercera parte de los que se realizaban antes de la burbuja inmobiliaria. En los últimos diez años, a pesar de que la población catalana se ha incrementado en 600.000 personas, sólo se han realizado 14.000 nuevas viviendas protegidas. Y eso que tenemos un escaso parque de 100.000, y en regresión, porque muchos pisos de protección antiguos pasan al mercado libre. Son datos del estudio de la Fundación Cipriano García El acceso a la vivienda en Cataluña. Un problema de clase, que desmonta tópicos.
Peor que un tópico es que Fomento diga que, frente al freno a la construcción y al aumento de la demanda, la respuesta del mercado ha sido "un traspaso de segundas residencias hacia viviendas de uso habitual" para hacer que "la tensión inmobiliaria sea menor". En serio es menor? ¿Ocupan los migrantes las segundas residencias? Es necesario intervenir el mercado y construir más pisos, públicos y de alquiler. Pero sepamos que si en Catalunya hay cuatro millones de viviendas, una por cada dos habitantes, lo cierto es que más del 10% están vacías, que uno de cada cuatro son segundas residencias y hay más de 100.000 pisos turísticos.
El problema no son las personas migrantes, sino las políticas de vivienda. Si Candel hubiera vivido cien años, escribiría de nuevo sobre otros catalanes y catalanas que viven realquilados en habitaciones o en asentamientos chabolistas. Y en ciudades que no quieren perder su nombre, como Badalona, levantaría la voz exigiendo respeto a los derechos humanos, sociales y de ciudadanía.