Inmigración y estado del bienestar: un impacto mínimo

Los inmigrantes tendrán que estar empadronados.
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En las últimas semanas hemos asistido a un intenso debate en los medios de comunicación, especialmente en el diario ARA, sobre la aportación fiscal de la inmigración al estado del bienestar. Sin embargo, una parte importante de este debate se ha construido sobre lecturas parciales o directamente sesgadas de un fenómeno que es, por definición, complejo. En esta columna quisiera volver a la evidencia empírica y explicar de forma sintética qué nos dicen los estudios más recientes que analizan el caso español.

Para empezar, quiero mencionar una regularidad de los estudios que estiman el efecto fiscal de la inmigración en diferentes contextos: el impacto fiscal neto depende tanto del sistema de bienestar del país receptor como de las características de los inmigrantes que llegan. La propia población migrante puede tener efectos fiscales positivos en un país y neutros o negativos en otro, simplemente porque las estructuras impositivas, las políticas sociales y las condiciones de acceso al mercado de trabajo no son las mismas. Por eso, extrapolar resultados de un país a otro y extraer conclusiones es, como mínimo, arriesgado.

¿Qué nos dice, pues, la evidencia sobre España? Los dos estudios más recientes que analizan el impacto fiscal de la inmigración (elInternational Migration Outlook 2021 de la OCDE y un artículo de Carlo Fiorio y otros de 2024) apuntan en una misma dirección: el impacto fiscal total de la inmigración es pequeño ya menudo cercano a cero. Para el período 2006-2018, la OCDE estima que el balance fiscal de los inmigrantes en España (incluyendo no sólo el gasto propio del estado del bienestar sino también bienes públicos generales como la defensa o el servicio de la deuda) es del -0,15% del PIB, una magnitud claramente inferior a la estimada para la población nativa (-5,2). Este leve impacto negativo de los inmigrantes se debe a los años de la crisis económica, ya que la aportación fiscal neta de los inmigrantes fue positiva en 2006 y 2007, negativa entre 2008 y 2015, y de nuevo positiva entre 2016 y 2018. Por su parte, la búsqueda de Fio001 y otros la inmigración en el estado del bienestar español. Los autores muestran que, aunque los inmigrantes contribuyen menos que los nativos, también utilizan mucho menos los servicios públicos, por lo que el resultado neto es positivo.

Además, estos estudios desmitifican una idea habitual en el debate público: que la población extranjera utiliza más los servicios públicos que los nativos. De hecho, ambos trabajos coinciden en que la clave del balance fiscal no es tanto la utilización de servicios como la participación laboral. En España, donde las tasas de paro estructural son elevadas, la menor inserción laboral de algunos colectivos migrantes reduce su potencial recaudación. Cuando las personas trabajan, pagan más impuestos, en proporción directa al tiempo trabajado ya su nivel salarial, y cuando no lo hacen, sus aportaciones caen, al igual que ocurre con los nativos. Ésta es la clave del balance fiscal, y no un supuesto "sobrecoso" en servicios sociales, que los datos muestran que es inferior al de los nativos en ámbitos clave como la salud, la educación o las pensiones.

También es importante tener presente la composición de la inmigración en España. Los migrantes que llegan son, en promedio, más jóvenes que la población nativa. Y esto tiene implicaciones directas para la sostenibilidad fiscal: una población joven que puede cotizar muchos años antes de acceder a prestaciones genera un efecto positivo neto sobre las finanzas públicas a medio plazo. En un país con un envejecimiento muy acelerado, como España, este factor resulta especialmente relevante.

Resumiendo mucho, la inmigración no es ni un salvavidas fiscal automático ni una carga para el sistema, sino que tiene un impacto global pequeño y, sobre todo, muy sensible a las condiciones de acceso al mercado de trabajo. La mejor forma de aprovechar el potencial fiscal de la inmigración no es restringir el acceso a los servicios públicos, sino mejorar las oportunidades de inserción laboral, reducir la segmentación y facilitar la plena participación económica de las personas que llegan.

Quizá sea menos llamativo que los titulares que circulan estos días, pero es lo que nos muestra la investigación: cuando el debate se aleja de las percepciones y se acerca a la evidencia, la fotografía es mucho más matizada y, sobre todo, mucho más útil para tomar decisiones informadas.

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