¿Y los inmigrantes?
El PSOE ata los apoyos para llegar al final de la legislatura y Junts y ERC obtienen peces vistosos por llevar en sus respectivas cuevas. Esto es lo que de entrada se desprende de los recientes acuerdos del gobierno de España con los dos partidos independentistas, ahora en materia de migración con Junts y hace unos días con la condonación de la deuda del FLA con ERC. Los socialistas intentan dar solidez a la mayoría de investidura y los independentistas quieren demostrar que son útiles aunque ya no tengan el gobierno catalán. Al menos éstas son las intenciones; los resultados ya se verán.
Dentro de la mentalidad de Pedro Sánchez llegar a 2027 significa no sólo agotar la legislatura, sino prepararse para la siguiente. En el PP eso ya lo saben, pero su respuesta es rutinaria: acusar al presidente español de ser un traidor que vende España a pedazos a los separatistas para mantenerse una temporada más en el poder. Esto es cierto en una parte: la primera norma del manual de Sánchez –aún no escrito– sobre cómo mantener el poder es no perder el poder.
Desde la lógica del autogobierno tiene sentido que Catalunya quiera y pueda gestionar las competencias sobre inmigración, más que cuando ya ha completado el despliegue de los Mossos. Ahora bien, también es previsible que esto finalmente no se sustancie en un traspaso integral, sino en algún tipo de fórmula mixta. Es decir, que los Mossos probablemente tengan que colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y que la primera palabra que sienta un inmigrante al llegar a la frontera catalana no sea un "buenos días", como decía que quería la neofascista Sílvia Orriols, sino alguna frase bastante más abrupta. Pronunciada en castellano por un agente de los Mossos, eso sí.
Ya que hemos mencionado este submundo, es obvio que una de las principales motivaciones de Junts para exigir el traspaso de la cartera de inmigración, si no la principal, es marcar territorio electoral ante Aliança Catalana y calentar al electorado de la derecha más dura con promesas de expulsiones y mano dura con la inmigración ilegal, que son cosas que siempre. Ahora bien, esto tampoco justifica la gesticulación de Podemos, que se niega en redondo a aprobar el acuerdo entre socialistas y posconvergentes para que no gestione la inmigración "la derecha". Es difícil sostener esto en un estado como el español, donde de vez en cuando la inmigración se gestiona con masacres como la de hace tres años en Melilla, de la que Marlaska y el gobierno actual se fugaron echando la culpa a Marruecos.
Hablamos hasta ahora de partidos políticos. La pregunta que queda sin responder, como siempre, es: ¿y los inmigrantes? Hasta ahora, cuando llegan a las fronteras españolas, se encuentran con un protocolo de deportaciones que consiste en un proceso administrativo acelerado, sin control judicial ni de ningún tipo, que puede incluir devoluciones en caliente, devoluciones exprés, internamientos en los CIE, órdenes de expulsión o de devolución, y un trato degradante e irrespetuoso con los derechos. ¿Cambiará esto si la frontera a la que llegan es catalana?