Usar las instituciones europeas para hacer política nacional

Esta semana hemos vivido el último intento del Partido Popular español y sus socios de extrema derecha de utilizar las instituciones europeas para hacer oposición política nacional. Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el PPE logró incluir con la ayuda del grupo liberal y la extrema derecha un debate sobre la ley de amnistía, el estado de derecho en España y lo que llaman "l' amenaza al estado de derecho a consecuencia del acuerdo gubernamental en España" (título exacto del debate parlamentario). El debate era una nueva tentativa de otorgar una dimensión europea a un debate que podría, a futuro, tener relevancia europea, pero que ahora mismo sólo parece convocado para desgastar al gobierno de Sánchez, el mismo día que se reunía por primera vez el nuevo equipo de gobierno en consejo de ministros. En el debate, que fue muy crispado, la mitad de los eurodiputados que participaron eran españoles, e incluso muchos otros países intervinieron en castellano, con mayor o menor éxito. Sólo con esto ya podemos ver la dimensión europea de todo: era un debate enfocado a la audiencia española.

Lamentablemente, ésta no ha sido ni será la última vez que la oposición nacional de un país utiliza las instituciones europeas por hacer política nacional. Es mucho más habitual de lo deseable que las instituciones europeas se conviertan en campo de batalla de debates políticos nacionales que tienen poca o ninguna relevancia europea. Parecería un impulso incontrolable que haría olvidar a algunos políticos europeos cuáles son sus obligaciones y en qué ámbito competencial trabajan.

Desgraciadamente, introducir temas sesgados en los debates en el pleno del PE no es la única forma que tienen los eurodiputados y eurodiputadas de hacer política nacional desde Bruselas. Dentro del propio Parlamento Europeo existen otros espacios donde se disputan sus agravios nacionales. Uno de los más evidentes es la utilización del Comité de Peticiones. Los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE confieren a toda la ciudadanía y personas residentes en la Unión Europea el derecho a presentar una petición, individualmente o con otros, sobre cualquier asunto que abarque a los ámbitos de actividad de la Unión Europea y les afecte directamente. El Comité de Peticiones es el encargado de estudiar y realizar el seguimiento de estas peticiones y, por tanto, debería actuar como puente entre la ciudadanía europea y las instituciones de la UE. Lamentablemente, no es esto lo que ocurre a menudo. En Bruselas llegan peticiones que poco o nada tienen que ver con los ámbitos de actuación de la UE y sirven para que los diputados del país en cuestión utilicen el debate dentro del PE para dar legitimidad o sacar a la petición. Si la petición en cuestión prospera o no es poco relevante. Es demasiado habitual que en la sala del Comité de Peticiones nos encuentren diputados de un mismo país a favor o en contra de una petición en un debate muy poco constructivo y que se aleja por completo de la voluntad que había detrás de la creación de este comité. Como ejemplo de esta utilización partidista de este mecanismo de participación ciudadana, en septiembre se debatió la reducción de penas a raíz de la aprobación de la ley del sólo sí es sí. La petición la había presentado la asociación ANAVID (Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica) patrocinada, ellos mismos hicieron bandera por Vox. El debate en comisión, que no podía resultar en nada concreto por el ámbito de actuación que tiene Peticions, fue una secuencia de reproches entre representantes del PSOE, PP y Vox.

Las personas que participan del debate europeo, y más aún las que tienen capacidad de decisión, deben dar a la Unión Europea, sus instituciones y políticas el respeto que merecen. Es triste comprobar cómo hay quien quiere hacer un uso partidista, sin entender que las instituciones no pertenecen ni a unos ni a otros sino a toda la ciudadanía europea. Cuando se dedican horas de trabajo, recursos humanos y materiales a debates nacionales en sede europea, se están quitando horas de trabajo, recursos humanos y materiales a debates europeos que no están teniendo lugar en las sedes parlamentarias nacionales. Sería más honesto para todo el mundo que quien quiera hacer política nacional se quede en su país y deje a las instituciones internacionales para quienes son verdaderos defensores de las instituciones supranacionales. No se puede decir que uno es europeísta si quiere hacer uso de las instituciones europeas con una finalidad que no es la suya, a pesar de la mano del poco conocimiento del papel de las instituciones europeas y el alcance de sus decisiones que tiene gran parte de la ciudadanía. Es engañoso y merecemos más.